Las dilaciones de la instrucción dejan en penas mínimas el fraude del gasóleo en Galicia

Doce de los acusados aceptaron sentencias que van desde multas a los 19 meses de cárcel y la inhabilitación de un año para tres agentes de la Guardia Civil implicados

06.11.2015 | 01:01
Los acusados, ayer durante la celebración del juicio en Pontevedra.

Quince años después de que se iniciase la instrucción judicial, ayer llegó a juicio el primero de los grandes fraudes del gasóleo detectados en Galicia y que supuso un perjuicio para la Hacienda Pública cercano a los 20 millones, según el escrito de acusación del fiscal. El lapso de 15 años entre el inicio de la investigación y la celebración del juicio, obligó a la Fiscalía a rebajar las peticiones de prisión que realizaba al aplicar a la totalidad de los procesados en esta causa -un total de 22, dado que inicialmente eran 23 pero uno de ellos ya falleció- la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La acusación se refiere a hechos ocurridos en 1998, 1999 y 2000.

La mayor parte de los acusados reconocieron en la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que participaron de este sistema que tenía como objetivo dar salida como gasóleo A a combustible que estaba bonificado o exento de impuestos, de tal forma que al no abonar los tributos las ganancias para estas empresas se multiplicaban. Entre los acusados que reconocieron los hechos hay empresarios propietarios de almacenes fiscales de carburantes y gasolineras, así como transportistas o mandos de la Guardia Civil. Un responsable y empleado de la empresa Pousadoiro S.L., con sede en Caldas de Reis, Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, aceptaron las penas más altas con siete meses y 16 días de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y ocho días más por un delito de falsedad, además de una multa de 1,4 millones. En total, penas de 19 meses de prisión para cada uno.

Entre los acusados que reconocieron los hechos se encuentran tres guardias civiles que supuestamente firmaron decenas de repostajes a buques por parte de las empresas investigadas y que realmente nunca se produjeron, de tal forma que ese carburante, exento de impuestos, era vendido realmente como gasóleo A. El fiscal rebajó la petición de condena que formulaba contra los agentes al entender que los tres incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento público cometido por un funcionario pero que lo hicieron por "imprudencia".

Al modificar su acusación señala que los tres mandos del Instituto armado firmaron los comprobantes de estos repostajes pese a no haberse cerciorado de que, efectivamente, se habían llevado a cabo.

Los tres asumieron una pena de seis meses de multa a razón de seis euros al día y la inhabilitación especial para ejercer el empleo de guardia civil durante un año.

La docena de implicados ya no tendrá que asistir al resto del juicio, como tampoco lo harán otras cinco personas que quedaron absueltas después de retirar el fiscal y la Abogacía del Estado la acusación que pesaba contra ellos.

El juicio continuará el lunes con solo cuatro acusados sentados en el banquillo. Se trata de los responsables de una de las principales empresas investigadas, la estradense Carburantes Acibro, a quien el fiscal imputa la mayor parte del fraude que supuestamente sufrió la Hacienda Pública y que en el caso de esta firma sitúa en torno a los 15,4 millones. Los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, que niegan los hechos, así como los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde, el primero de ellos jefe provincial en Pontevedra de Vigilancia Aduanera y quienes eran los encargados de llevar a cabo las inspecciones en las empresas investigadas. El fiscal los considera responsables de seis delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad (en el caso de los agentes del SVA como "cooperadores necesarios") por los que pide penas que suman 28 años de prisión en el caso de los empresarios y de 25 años para los funcionarios. No obstante, la Fiscalía reconoció ayer que la dilación del proceso obligará a rebajar sensiblemente esta petición de condena también para estos cuatro acusados de tal forma que se situaría en torno a los siete meses de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales y el de falsedad, además de fuertes multas.

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