Las reiteradas solicitudes de suspensión de interrogatorios por parte de los imputados en la trama de corrupción destapada en la operación Patos, que aducen no haber tenido acceso o tiempo para escuchar los audios de las grabaciones telefónicas, llevó ayer a la magistrada de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, a dictar una providencia en la que ofrece suspender todas las declaraciones señaladas para este mes.
La medida afecta a la mayoría de los 33 encausados, pues se dirige a quienes fueron imputados una vez levantado el secreto de sumario -políticos, funcionarios, técnicos y asesores- y tuvieron que personarse a mediados de octubre. La juez excluye a los tres detenidos e imputados en febrero de 2014, cuando explotó la operación pues están personados con abogado desde entonces y han tenido más tiempo que el resto para acceder a la documentación. Este es el caso del empresario Alonso Pais, dueño de la constructora Eiriña y considerada epicentro de la trama de amaños de adjudicaciones de obras públicas; a Jaime Valiñas, director general de la firma y a Juan Ramón Alonso, extécnico de Cespa, la otra empresa implicada.
Valiñas y Alonso comparecieron ayer, por separado, ante la magistrada García Campos. Sus abogados alegaron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para analizar las escuchas telefónicas y solicitaron la suspensión de las declaraciones, que no fue aceptada. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar, como hizo el pasado 30 de octubre Alonso Pais que abrió la ronda de comparecencias de la operación Patos.
Mientras, en el Juzgado de Instrucción 7 seguían llegando peticiones de suspensión de los interrogatorios, así como nuevos personamientos o cambios de letrados. A última hora de la mañana, la magistrada dictaba la providencia que permite suspender las declaraciones de aquellos que fueron imputados una vez alzado el secreto de sumario, la mayoría de los investigados. "Una situación -subraya- diferente a la de aquellos que ya estaban personados en virtud de su detención en el año 2014".
