La exdelegada de la Xunta en Vigo María José Bravo Bosch fue ayer la primera política que prestó declaración en el marco de la ronda de interrogatorios a imputados de la operación Patos que arrancó el 30 de octubre. Y, según las fuentes consultadas, lo hizo sin eludir preguntas y aportando explicaciones a todas las cuestiones. La exdelegada negó haber ejercido influencia para adjudicar obras al dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, tal y como le atribuye el grupo UDEF de la Policía Nacional en el sumario, por el hecho de que ella no tenía capacidad ni competencia para ello ya que el cargo que ostentaba -y del que fue destituida tras su implicación en el caso- era de carácter político e institucional. ¿Y la estrecha relación que los investigadores le atribuyen con el presunto líder de la trama? Bosch argumentó que conocía a Pais desde hacía años, pero como miembro del PP en el que ambos militan.

Únicamente, y salvo otros encuentros casuales y anecdóticos, admitió haberse reunido una vez con él en una comida, en la que además de ella y el jefe de Eiriña estuvo el exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra José Manuel Figueroa, también imputado en la causa, pero matizó que dicho encuentro fue por cuestiones meramente políticas.

Bravo Bosch, que llegó al juzgado sonriente y con dos carpetas en la mano, contestó durante más de hora y media a las preguntas que le hicieron juez, fiscal y abogados. "Declaré con toda la confianza y toda la honestidad; vine a aclarar lo que querían que aclarara", declaró a los periodistas, sin entrar en el contenido de su testimonio ya que, según precisó su abogado, el caso está "sub iudice".

La investigación de la UDEF apunta a que Eiriña, con el "amaño" del concurso a su gusto, resultó adjudicataria de obras en el Meixoeiro, Arousa y Panxón. Y, en relación con el Consorcio del Casco Vello que también presidía esta política, los agentes afirman que no se quedó con varios trabajos en el Casco Vello simplemente porque la empresa renunció a ellos.

La tesis de los informes policiales es que Pais se aprovechó de sus "contactos políticos" con Bravo Bosch para hacerse con obras, pero ésta lo negó, diciendo que no tenía competencia para adjudicar ni para intermediar por nadie. Sobre las presuntas irregularidades en la concesión de unos cursos de formación por 88.247 euros a una empresa vinculada a una hermana del PP de Ponteareas, también concretó que no tenía capacidad para otorgar este tipo de cursos, ya que eso seguía unos parámetros y trámites en los que ella no participaba personalmente. Y también defendió su inocencia, señalando que carecía de poder para hacer eso, en relación con la recolocación del funcionario Alfonso Fernández Comesaña, asimismo imputado.

En su interrogatorio habló de una comida que sí admitió haber mantenido con Pais y José Manuel Figueroa, pero por cuestiones internas de partido. Al respecto de ello, explicó, tal y como consta en la causa, que contactó con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para preguntarle sobre la conveniencia de asistir a tal comida, a lo que él le contestó afirmativamente. En su declaración, en la que se refirió a que la relación que tenía con Figueroa y el expresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra Rafael Louzán no era muy buena, también le reprodujeron verbalmente algunas conversaciones telefónicas y mensajes que constan en la causa.