Desde el año 2010, llevar a menores sin cinturón de seguridad o sin sillas de retención acarrea no solo multa para los conductores implicados en un accidente de tráfico sino también pena de cárcel por homicidio o lesiones imprudentes. A partir de ahora, habrá nuevos supuestos en los que se evaluará la responsabilidad penal de los tutores ante siniestros graves en carretera. La Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia estudiará la posible responsabilidad de los "guardadores" o "responsables legales" en los accidentes de tráfico sufridos tanto por menores como por personas desvalidas. Es el caso, por ejemplo, de atropellos a menores cuyos padres o abuelos los dejan solos en un parque cercano a una vía con tráfico y también de cuidadores en geriátricos que permiten salir a internos pese a conocer los problemas que esa persona pueda tener con el alcohol y, en consecuencia, verse involucrado en un accidente de tráfico. "Esto puede derivar en un delito de comisión por omisión", según explicó en declaraciones a este periódico el fiscal delegado de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil, tras reunirse con el jefe de la Guardia Civil de Tráfico en la comunidad, el teniente coronel Francisco Javier Molano.

De estos supuestos que podrían acarrear pena de prisión quedarían excluidos, según aclaró Gil, los casos "fortuitos" de menores atropellados tras cruzas la calzada aprovechando un "descuido" de sus familiares o de mayores que viven solos y sufren un accidente a su regreso a casa tras haberse tomado una copa o un vino en un bar. "Ahí no se pedirá responsabilidad alguna al dueño del bar", matiza el fiscal de Seguridad Vial.

El aumento de conductores con las facultades mermadas, sobre todo de personas mayores, ha sido otro de los asuntos tratados durante la reunión entre el fiscal de Seguridad Vial y el jefe de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia. En los últimos meses, las patrullas detectaron varios jubilados circulando en sentido contrario en autovías de la comunidad. Para tratar de erradicar estas conductas al volante, la Fiscalía emplaza a Policía Local y Guardia Civil a que en cada control que realicen e intercepten a un conductor "sin las necesarias aptitudes psicofísicas" avise a la Jefatura de Tráfico para que ésta ordene un reconocimiento extraordinario que determine la capacidad de esa persona para seguir conduciendo. Pero no solo eso. La Fiscalía también pide la colaboración de los agentes para la posible apertura de diligencias a centros de reconocimiento de conductores sospechosos de cometer fraude en la expedición de certificados de actitud. Galicia se convirtió en marzo de 2011 en la primera comunidad donde fueron imputados los responsables de un psicotécnico por la emisión de al menos 200 certificados "aptos" en un mes sin prueba médica alguna a los conductores. La juez atribuyó entonces a la directora del centro médico ubicado en Vigo y a una empleada un presunto delito de falsedad documental. Desde la asociación de Centros de Reconocimiento de Conductores reconocían entonces a este periódico que pese a que el nuevo reglamento de Tráfico, un 30% de los psicotécnicos incumplen el protocolo de exploración.

Para los conductores multirreincidentes, el fiscal de Seguridad Vial defiende el decomiso del vehículo. El año pasado, en Galicia fueron incautados medio centenar de vehículos, la práctica totalidad en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Por otra parte, el teniente coronel Francisco Javier Molano pidió a Carlos Gil que mediara con el Instituto de Medicina Legal de Galicia para que facilitara de manera periódica los resultados toxicológicos de conductores y peatones fallecidos porque eso les permitirá tener un diagnóstico sobre la influencia del alcohol y las drogas en los accidentes de tráfico.