Aquagest utilizaría supuestamente "varias empresas en apariencia ajenas para amañar concursos públicos", entre las que la juez De Lara cita CPS y Boqueixón; y contaría con lo que habitualmente se denomina "conseguidores", cuya función es "abrir la puerta de los diversos entes públicos aprovechando sus conexiones políticas".

En este contexto, se refiere al último informe de Vigilancia Aduanera en el que se apunta, como resultado de actuaciones e intervenciones telefónicas, la existencia, supuestamente, de "relaciones entre la empresa Aquagest y algunas autoridades y funcionarios del Concello de Pontevedra, dirigidas, presuntamente, a beneficiar los intereses de la empresa en el ayuntamiento".

Pocos horas después del inicio de los registros, el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, explicó que la orden judicial establecía que el SVA permaneciera en la sede municipal hasta obtener toda la documentación requerida, para trasladar los originales a la sede judicial. Se pedían toda las contrataciones, con prórrogas incluidas si las hubiera, con todas las empresas del grupo Aguas de Barcelona, de la que forma parte Aquagest, compañía que en el año 2012,a raíz de estas investigaciones, cambió de nombre. En el caso de Aquagest, las relaciones del Concello son más amplias ya que, de entrada, es la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua desde 1997.