El Parlamento Europeo abrió ayer sus puertas para escuchar las denuncias de las víctimas del accidente del Alvia sobre la falta de seguridad en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense y la publicidad engañosa con la que, según advierten, se dio a conocer la apertura de la infraestructura en diciembre de 2011. La agenda de los representantes de familiares y heridos en el siniestro de Angrois en julio de 2013 incluyó una reunión con el eurodiputado José Blanco. Fue el primer cara a cara con el exministro de Fomento, quien pese a ser invitado al documental Frankenstein 04155 rehusó asistir al considerarlo poco "oportuno" ya que entonces aún estaba abierto el proceso judicial por que el solo ha sido imputado el maquinista del tren. En un tenso y acalorado encuentro con cuatro integrantes de la Plataforma Víctimas del Alvia, un ingeniero y el director del film, Blanco confesó haberse enterado "tres días después" de que no había ERTMS en la línea -el sistema europeo de control continuo de velocidades que habría evitado el descarrilamiento según admitió días después del accidente el propio presidente de Adif- y sugirió que "lo sabría el director de Seguridad" de Adif.

La visita a Bruselas, donde expusieron a la plana mayor técnica de la Comisión de Transportes los "incumplimientos" de la normativa europea de seguridad y la "ausencia" de evaluación de riesgos en la línea donde se produjo el siniestro, fue organizada por la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, quien manifestó el compromiso de la Comisión Europea a estudiar toda la documentación entregada ayer y a una segunda ronda de reuniones el próximo año.

Las víctimas expusieron las deficiencias y carencias en seguridad ferroviaria tanto al director de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Olivier Onidi, y la plana mayor de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, como al presidente de la Comisón de Transportes de la Eurocámara. "Esto contrasta con la lamentable actitud del Gobierno español, que se negó a recibir a las víctimas y a escucharlas, nunca les dio la oportunidad de una reunión oficial para abordar el accidente", lamentó Ana Miranda.

"Estamos aquí por la falta de independencia y de rigor" del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas Renfe y Adif, que "han actuado como juez y parte, con lo que el Estado español ha hecho el ridículo ante las instituciones europeas", denunció el presidente de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez.

Tras el encuentro mantenido con las víctimas, el exministro de Fomento José Blanco insistió en que él inauguró una línea "con unas determinadas características", y que con esas mismas características "se puso en explotación". Ya con Ana Pastor al frente de Fomento, el ERTMS, según alegó el exministro, fue desconectado por problemas de interferencias. Nada dijo sin embargo Blanco de que el acceso a Santiago se había proyectado como AVE con el sistema ERTMS pero que en junio de 2010, durante el Gobierno de Zapatero, se modificó y se optó por ejecutar el trazado en línea convencional y por consiguiente con un sistema de frenado menos avanzado.

El eurodiputado del PSOE aseguró que en ningún caso hubo afán electoralista en la puesta en marcha de la línea Santiago-Ourense porque el anuncio de la inauguración se hizo antes de su certificación técnica. "Yo lo único que hice [como titular de Fomento] fue cumplir plazos", llegó a afirmar.

Los afectados le propusieron apoyar una comisión de investigación, pero les dijo, según comentaron desde la asociación, que "él no creía en las comisiones de investigación" Para la Plataforma Víctimas del Alvia, "Fomento y sus empresas publicitaron de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática". Los afectados denuncian también la "falta de independencia" de los organismos de investigación, así como la ausencia de controles de riesgos y de documentación que acredite la homologación del material rodante. Según Domínguez, la Comisión Europea se mostró "interesada" en sus argumentos y les solicitó documentación adicional para analizar el asunto más a fondo. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo estima que en un plazo de entre uno y dos meses resolverá sobre la admisión de sus dos denuncias.