20-N Cuarenta años de la muerte de Franco

¿Qué fue de la memoria histórica?

Historiadores y políticos relatan los avances experimentados, pero en especial los retos para poder cerrar un capítulo de la Historia del que aún no hay un relato en el que ambos bandos se vean reconocidos

22.11.2015 | 15:42

España ha hecho poco, y en ocasiones mal, por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre la Guerra Civil y la postguerra, y por la reparación a las víctimas. A la queja que han hecho de manera reiterada durante los últimos años familiares, historiadores, asociaciones y cada vez más partidos políticos se suma la ONU, que en un informe de 20 páginas dicta una sentencia contundente: "No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales". El documento, que lleva la firma del relator especial de Nacionaes Unidad, Pablo de Greiff, carga duramente contra las "interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía" que "no solo niegan el acceso a la Justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación".

Cuarenta años después de la muerte de Franco, casi el único paso dado por el Gobierno central para tratar de cerrar un capítulo de la Historia negra de España fue la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, una norma que ahora está paralizada y que casi se ha limitado a la retirada de símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Pese a la apertura de nuevos documentos, todavía hay numeros archivos a los que no se permite un acceso libre y muchos permanecen clafificados invocando a los riesgos de seguridad nacional.

Representantes de asociaciones de la memoria histórica, historiadores y políticos hacen balance de los avances logrados. Pero, advierten, son más los retos pendientes ya que todavía no se ha logrado acordar un relato en el que todos se sientan reconocidos ya que cada "bando" su propia versión. Y urgen al Estado que afronte su responsabilidad en la recuperación de este pasado y afronte las heridas aún abiertas.

Más de siete décadas del final del de la Guerra Civil, todavía no hay un censo oficial o estimaciones de víctimas del franquismo. Y el Estado ha dejado la tarea de exhumación e identificación de los miles de paseados en manos de familiares y colectivos. Desde que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizó la primera exhumación en el año 2000 ya ha abierto casi 200 fosas en España, una veintena de ellas en Galicia, y recuperó los restos de 1.300 víctimas, medio centenar en la comunidad gallega. Pero más de 114.000 desaparecidos siguen en montes, cunetas o tapias de cementerios.

Los investigadores han buceado en un sinfín de documentos, pero advierten de que son muchos los que quedan por explorar y también existen trabas de ciertos estamentos para acceder a sus archivos. "Hay una desprotección en el derecho a saber", advierten.

La Justicia española también se quedó al margen de las desapariones de la dictadura de Franco. Mientras sentó en el banquillo a Augusto Pinochet o Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, la causa contra el franquismo no llegó a abrirse en España y tuvo que cruzar el charco, de la mano de una víctima: Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro de Rei fusilado en octubre de 1936 por un grupo de falangistas en Portomarín.

PREGUNTAS

1 – ¿Qué balance hace de los logros sobre la memoria histórica?
2 - ¿Cómo hay que trabajar sobre el pasado de España?
3 - ¿Hay trabas en el acceso a los archivos de la Guerra Civil?
4 - ¿Cuál es la implicación de Administración y partidos?
5 - ¿Cuáles son las prioridades para los próximos años?


Alejandro Rodríguez - Historiador de la ARMH

"Tenemos más de 114.000 desaparecidos y hay quien duda de la necesidad de recuperar a esas víctimas"

1. Desde el punto de vista en el que las víctimas siguen desamparadas por parte del Estado, no han sido suficientes. Se ha conseguido mucho en los 15 últimos años, fundamentalmente el reconocimiento por una gran parte de la sociedad de un problema social muy grave, con miles de personas desaparecidas. Pero la respuesta por parte del Estado ha sido muy escasa, con una Ley de memoria limitada, muchas trabas a la querella argentina, una política de subcontratación a las familias, etc.

2. El pasado hay que trabajarlo desde el rigor metodológico y la divulgación. Lo más grave es que sigamos teniendo 114.226 personas desaparecidas y que haya quien dude de la necesidad de recuperar a esas víctimas y de ayudar a sus familias. Tenemos en este país un enorme problema de Derechos Humanos por resolver, y como sociedad debemos asumirlo.

3. Se ha mejorado el acceso a cierta información, sobre todo por la informatización de las búsquedas en archivos dependientes del Ministerio de Cultura, aunque se han elevado los costes. Sin embargo, siguen existiendo muchas trabas en juzgados de instrucción, los archivos de la Guardia Civil continúan bajo llave, siguen existiendo documentos sin desclasificar en archivos militares, y un largo etcétera.

4. No fueron suficientes porque el trabajo no se ha finalizado, quedan víctimas por recuperar, muchos aspectos de la dictadura por trabajar, y mucho que educar en Derechos Humanos. El control por parte del Ministerio de Presidencia fue escaso, apenas había control de los resultados y de qué y a quién se subvencionaba, y en muchos casos hoy estamos pagando las consecuencias. Sin embargo desde muchas organizaciones y proyectos sí se supo aprovechar ese dinero para poder trabajar con metodología y rigor.

5. Hay que continuar con la labor de localización, exhumación y devolución de víctimas a sus familias y que los poderes públicos asuman el trabajo que, como responsables, deben hacer.

Fernando Souto - Presidente de la CRMH

"Hoy se puede hablar de nuestro pasado sin dramatizar ni caer en bandos"

1. En los últimos años avanzamos mucho hacia una normalidad sobre aspectos de la memoria como la [retirada de] la simbología franquista. Las subvenciones son una materia desaparecida. En cuanto a las exhumaciones, la CRMH ayudará a las familias en lo que necesiten, pero entendemos que debe aplicarse un protocolo de actuación muy riguroso y que las administraciones deben tener presencia para garantizar la carga de la prueba sobre lo courrido, la trazabilidad de las muestras y grantizar la cadena de custodia. Hoy se puede hablar de nuestro pasado sin dramatizar ni caer en bandos, aunque esto no significa mantenerse al margen o intentar ser objetivo. Quieras o no, te acabas poniendo a favor de las víctimas.

2. Tenemos un pasado controvertido porque afecta a las familias directamente. Incluso la procedencia de las propiedades es un tema sin aclarar y poco estudiado. Hay una sensación de que parte de los hechos que no conocemos van a desvelar situaciones muy incómodas. La forma de estudiar el pasado debe hacerse con rigor y metodología científica.

3. El Archivo de Ferrol es modélico, pero las trabas de ciertos estamentos son obvias. A la Iglesia, ni mencionarla; la Guardia Civil, inexpugnable, y según cuentan los investigadores están a expensas de la voluntad del funcionario. Hay una desprotección en el derecho a saber.

4. El papel de la Administración es fundamental en la recuperación de la memoria histórica. El destino de las ayudas, que no siempre tiene que ser dinero, debería basarse más en la colaboración e involucración de la Administración en busca de resultados. Nosotros no pedimos dinero para organizar actividades. Nuestro objetivo fundamental son las familias; y no necesitan dinero, sino medios para recuperar a los suyos, para conocer los hechos y obtener el reconocimiento. Eso no se mide con euros. No tiene precio, tiene valor.

5.Desde la CRMH seguiremos trabajando para arrojar luz sobre asuntos concretos como recuperar lugares de la memoria –el Pazo de Meirás, el monumento a las víctimas de O Portiño, la fosa de Vilarraso en Aranga o la isla de San Simón–, colaborar con las familias para recuperar a sus allegados, publicar historias de vida y retirar la simbología franquista con una mayor participación de los vecinos.

Lourenzo Fdez. Prieto - Director del proyecto "As víctimas, os nomes, as voces, os

"Debería reducirse la confidencialidad de cualquier fondo estatal a un máximo de 40 años"

1. La aplicacion de la Ley de Memoria Histórica se paralizó y la querella argentina tiene su ritmo. Como historiador, el problema es que con mucha más información sobre las víctimas como tenemos hoy, todavía no integramos a los verdugos que las causaron porque no superamos el relato de la reconciliación.

2. El pasado de España no tiene problema, más allá de que la guerra la ganaron en el 39 los golpistas y fastistas que la perdieron en Europa y el mundo en 1945. Ahí reside el problema, que es de presente, no de pasado. El problema de la Historia siempre está en el presente no en el pasado.

3. La mayoría de los archivos están abiertos y por explorar. Otros, como los de la Falange fueron destruidos pero con copias que hay que buscar. Otros deben reducir el nivel de protección que estableció el PSOE en los años 80 y que impide ver supuestos archivos de seguridady reservados, como la mayoría de los de la Guardia Civil y todos los de los servicios de inteligencia. Se debería redudir la confidencialidad a un máximo de 40 anos para cualquier fondo estatal.

4. El mejor modelo fue el gallego del bipartiro. Sin duda. Apoyó el asociacionismo y también la investigacion y estableció el primer protocolo riguroso y público para las fosas.

5. A partir de ahora hay que completar las tareas de la Ley de Memoria y construir un nuevo y actualizado relato de la guerra y del franquismo.

Emilio Grandío - Profesor de Historia de la Universidade de Santiago

"Hay muy poco respeto por la construcción del pasado, reduciéndolo en el discurso a tópicos"

1. No, no es suficiente. A medida que avanza el tiempo se observa una ola mayor de aceptación –una casi unanimidad en las encuestas que se publican– y al mismo tiempo una aplicación de políticas de memoria cada vez más reducida. Parece que nunca es el tiempo propicio para abordarlo de manera seria, y el tiempo pasa?

2. La sociedad española tiene un problema notable a la hora de afrontar su pasado, lo que no ocurre en otros países de nuestro entorno. Hay muy poco respeto por la construcción del pasado en este país, reduciéndolo en el discurso imperante a tópicos, discursos acomodados y sencillos, no responsables de una acción educativa a medio plazo en determinados valores. Por ejemplo, resulta imposible entender lo que pasó en los años de la transición democrática sin una reconstrucción a fondo de lo que ocurrió en las cuatro décadas del franquismo.

3. Entiendo que no es positivo para el futuro de una sociedad que los especialistas en Historia Contemporánea tengamos trabas para el acceso a la documentación. Es verdad que el acceso a la información ha cambiado de manera espectacular en poco tiempo, pero tambien es cierto que otras sociedades han sabido adaptarse a esta situación de manera notable. Aquí no existe simplemente porque no hay voluntad, porque no interesa dentro de una perspectiva a corto plazo.

4.Es el Estado quién debe afrontar el hecho de la recuperación de este pasado, y de afrontar las heridas aún abiertas en buena parte de su ciudadanía. Un buen desarrollo de este último concepto debería haber atendido estas demandas desde hace tiempo, como generadora de valores educativos básicos para una sociedad democrática. Debe ser una responsabilidad asumida por el Estado como representante de sus ciudadanos.

5. A corto plazo: elaboración de un protocolo por parte de la Administración pública que contemple todos los perfiles de este tema de manera seria, implicando a todas las instituciones, asociaciones, individuales y organismos que puedan aportar algo en este sentido. A medio plazo: aplicación práctica sin tener en cuenta diferencias de carácter político, que genere un discurso democrático basado en el aprendizaje del pasado, de sus errores y también de sus aciertos.

Manuel Dios - Concejal de Compostela Aberta

"Hay partidos que juegan un papel obstruccionista y negacionista"

1. La Ley de Memoria fue muy limitada en su concepción y nació con un corsé. Hubo partidos que condicionaron su redacción,y que ahora la boicotean: Rajoy presume de que non le dedicó un solo euro en estos cuatro años. La ley facilitó la retirada de estatuas y calles, pero en el aspecto de las exhumaciones es muy limitada. Carga la responsabilidade del Estado en las asociaciones y familias. Tampoco facilita la investigación judicial, por eso las víctimas tuvieron que acudir a la Justicia argentina.

2. La historia la deben facer los historiadores, l os políticos solo construyen relatos políticos. Hay muchos aspectos del franquismo, de la guerra y de la República sin analizar debido a las limitaciones impuestas a los investigadores. No fuimos quién de acordar un relato en el que todos nos sintamos reconocidos, y cada "bando" hace supropia versión. Debemos ver el pasado conjuntamente desde el punto de vista de los valores democráticos. Solo así se superará la división cultural, social, e política que provocaron la Guerra Civily el franquismo.

3. Sigue habiendo problemas de limitaciones, censura, dilaciones y esperas en los archivos documentales que son injustificables 80 años después. Es una cuestión de falta de voluntad política, que non existe en otros países como Alemania o Italia, que vivieron situaciones parecidas. Solo hay que recordar el uso político que se hizo del traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña.

4. Es muy triste, pero hay partidos que juegan un papel obstruccionista e incluso negacionista, afirmando que no quedan fosas o negando la necesidad de reparar a las familias de los represaliados; otros solo pensan en "sus" represaliados, aplicando criterios partidistas. Es necesario que la Administración y el poder judicial asuman sus responsabilidades. Así lo recoge el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en España.

5. Debemos conseguir la aplicación real de la Ley de Memoria Histórica, pero también revisarla y ampliarla. Las administraciones y la Justicia tienen que asumir su responsabilidad, que ahora cargan sobre familias y asociaciones. Sería muy positivo crear una comisión de la verdad, compuesta por expertos independentes y de prestigio, como en otros países. Es muy importante cambiar el tratamiento que se da la guerra, al franquismo y a la represión en el sistema educativo.

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