No pocos legajos del franquismo se mantienen bajo llave. Ni familiares ni historiadores pueden acceder a muchos de los archivos que hacen referencia a los años de la Guerra Civil y la postguerra. Pero en poco verán la luz. El primer paso lo dio la Generalitat al reclamar al Gobierno central en 2005 la devolución de los documentos incautados a Cataluña durante la Guerra Civil. Diez años después de que el Ejecutivo catalán lograse que los papeles de Salamanca volviesen a la comunidad, la Xunta está a punto de recuperar, física o digitalmente, los archivos repartidos por España.

En la actualidad, el Ministerio de Cultura ya tiene digitalizada toda la documentación de la causa general custodiada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en ella se detallan los procesos judiciales abiertos por los vencedores de la Guerra Civil para informar de los "hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación". Una vez reciba copia digitalizada, la Xunta pondrá a disposición de la ciudadanía esta información a través de la web de Galiciana, la biblioteca digital de la comunidad impulsada por la Consellería de Cultura, y también del archivo digital de Galicia (ARPAD), que según informan desde el departamento que dirige Román Rodríguez, se pondrá en marcha próximamente.

Ese es el objetivo con el que la Xunta sacó adelante el año pasado la nueva Lei de Arquivos e Documentos de Galicia. Esta normativa afectará, principalmente, a los legajos de la Guerra Civil custodiados en el Archivo Histórico Nacional pero también a la documentación eclesiástica de la desamortización del siglo XIX. "El Estado llevó a cabo la digitalización de estos fondos, integrados en PARES (el portal de Archivos Españoles), y la Xunta solicitó una copia digitalizada de este material", detallan desde la Consellería de Cultura. El proceso, añaden, todavía no está concluido, "pendiente de terminar las tareas de descripción de la documentación", por lo que aún no se formalizó la entrega de la copia digital al Ejecutivo gallego.

El objetivo de esta nueva ley, según destacan desde Cultura, es "garantizar el acceso, la conservación y la difusión del patrimonio gallego". Y para ello se han articulado medidas con el objetivo de que los archivos que integran el patrimonio documental gallego y estén depositados en archivos de otras administraciones públicas "se reintegren a los archivos correspondientes de Galicia". Con aquellos que no sea posible se ha solicitado una copia digital.

Ya en 2008, el bipartito impulsó su propia Lei de Arquivos e Patrimonio con la que obligaba a la Iglesia a permitir el acceso público a sus archivos y se proponía reclamar los documentos de la Guerra Civil para custodiarlos en Galicia. Pero finalmente el departamento entonces dirigido por Ánxela Bugallo no logró su propósito y el año pasado la Xunta de Feijóo retomó la iniciativa.

Historiadores e investigadores de la Guerra Civil y la postguerra consultados por este periódico coinciden en las trabas que se encontraron en los últimos años para acceder a archivos del franquismo. Fernando Souto, presidente de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), advierte de que el Archivo de Ferrol es "modélico" pero las trabas de ciertos estamentos son "obvias". Y detalla: "A la Iglesia, ni mencionarla; la Guardia Civil inexpugnable; los investigadores están a expensas de la voluntad del funcionario. Hay una desprotección en el derecho a saber". Para Lourenzo Fernández Prieto, director del proyecto de investigación Nomes e Voces, la confidencialidad para cualquier fondo estatal debería reducirse a 40 años. De "censura", "dilaciones" y "esperas" habla Compostela Aberta, formación que presentó una moción en el pleno de la Diputación de A Coruña este mismo mes para exigir al Estado que asuma su responsabilidad en la exhumación de las fosas del franquismo y la dignificación de las víctimas.

Madrid y Ferrol

En el caso de Galicia, la documentación relacionada con los años de la República, la Guerra Civil y la postguerra está custodiada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, a donde fue trasladado en la década de los noventa desde la Jefatura Superior de Galicia. En la comunidad gallega, es la ciudad del Caudillo la que alberga uno de los mejores archivos de la Guerra Civil. Toneladas de documentos judiciales y administrativos se apilan en más de ocho kilómetros de estanterías que durante los últimos años fueron revisados línea a línea por investigadores e historiadores. Entre los muros del Archivo Militar Intermedio de la Región Militar Noroeste, situado en Ferrol, hay más de 15.000 causas judiciales de la revolución de 1934 y la Guerra Civil. Todavía hoy, miles de familiares de víctimas del franquismo no saben qué les ocurrió a sus padres, hermanos o abuelos durante la contienda. La respuesta para algunos está en los archivos de Ferrol. Otros podrán comprobar en las copias digitalizadas de la Xunta si la respuesta a sus preguntas está en esos documentos del Archivo Histórico Nacional.