Los concellos reclaman a Hacienda la derogación de la reforma local

La Fegamp advierte de los riesgos que acarreará retirar servicios sociales a los ayuntamientos

25.11.2015 | 01:07

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alfredo García, reclamó ayer al Gobierno central la derogación "inmediata" de la reforma local. García advirtió de que esa medida es la "única" manera de garantizar la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos, y evitar que los ciudadanos sufran a partir del próximo 1 de enero de 2016 las "consecuencias" de una norma que condicionará "de forma muy negativa" la vida de los vecinos.

La llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovida por Hacienda que puso en pie de guerra a alcaldes de todos los colores políticos, afecta especialmente a los servicios sociales, que pasarán a depender de las comunidades autónomas a partir del próximo año, según asegura la Fegamp en un comunicado.

"En caso de cumplir esta ley, tendríamos que estar a expensas de la interpretación que realizasen los secretarios e interventores municipales, y vernos, además, abocados a saltar la ley o a suspender los servicios, algo que ningún ayuntamiento quiere hacer", según advierte el también alcalde de O Barco.

García considera que el anuncio del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de su intención de aplazar la aplicación de la reforma local "no significa nada" porque "una ley no puede derogarse con una comunicación de un secretario de Estado".

"Esta situación provoca una situación de ilegalidad. Los ayuntamientos necesitamos claridad y argumentos legales para determinar nuestra actuación a partir del 1 de enero", subraya García, para quien la supresión de servicios "no es una opción".

El dirigente de la Fegamp señala que la única opción es que el Gobierno central "derogue" la ley e inicie una nueva "renegociación" con la participación de todas las administraciones implicadas, en la que se tenga en cuenta "la realidad del país y las necesidades de los vecinos para lograr una prestación de servicios racional".

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