Agentes de la Guardia Civil detuvieron al mediodía de ayer al alcalde de la localidad pontevedresa de Dozón, Adolfo Campos (PP), a su hijo, el concejal Adolfo Campos, y dos sobrinos, D.C.C. y S.C.C., en el marco de la operación Qatedra, que investiga una supuesta trama de fraude en cursos de formación subvencionados por la Xunta y la Unión Europea. Los cuatro están imputados por los delitos de estafa, falsificación en documento mercantil privado y fraude de subvenciones de la UE. Todos declararon a lo largo del día en las dependencias del cuartel de Lalín y quedaron en libertad, pero con la obligación de presentarse en el Juzgado número 1 de Lalín, que dirige la instrucción, siempre que lo requiera su titular. Con estos nuevos arrestos de la operación Qatedra, se elevan ya a 15 las detenciones practicadas desde el verano. El operativo continúa abierto.
La detención de Adolfo Campos no es la primera de un político del PP desde que se iniciaron las investigaciones por parte de la Agencia Tributaria. El reciente operativo en el que fueron detenidos cuatro empresarios de Santa Comba estuvo protagonizado por el exalcalde Antonio Manuel Landeira, de 44 años y vecino de A Coruña, y un hermano suyo (J.J.L.G.), de 41 y con domicilio en el citado municipio coruñés. A éstos también se les imputan los mismos delitos que al regidor de Dozón, su hijo y sus dos sobrinos.
La investigación partió de una actuación de la Agencia Tributaria en agosto en relación con la empresa lalinense Prosem, acusada de un supuesto fraude fiscal por, presuntamente, recibir fondos de la Xunta para la organización de cursos de formación que en determinados casos ni llegaban a impartirse. La Justicia habría descubierto en este caso facturas por 800.000 euros en 2010, según el informe del fisco, que además señala que podría haber responsabilidad penal en los receptores de facturas. La empresa implicada habló en su momento de acusaciones "rotundamente falsas".
El Juzgado número 1 de Lalín remitió al Gobierno gallego en septiembre un oficio en el que le otorgaba el plazo de un mes -el escrito llegó a San Caetano el 21 de septiembre- para que le aporte la relación de empresas de toda Galicia que recibieron fondos públicos para organizar seminarios formativos durante 2010, aunque solo aquellos dirigidos a personas desocupadas. También solicitó al Ejecutivo autonómico información sobre los controles realizados en la celebración de los cursos de formación, ciñéndose a actividades orientadas a trabajadores en activo.
La extensión coruñesa de la operación Qatedra lleva por nombre Zeta, e investiga la supuesta trama para obtener de forma fraudulenta ayudas para cursos de formación en la provincia. El dispositivo se llevó por delante a principios de noviembre a cinco cargos de la Consellería de Traballo, entre ellos un director xeral. Los cinco dejaron el departamento bien porque se vieron forzados a presentar la dimisión tras conocerse su implicación en el fraude o porque directamente se les comunicó su cese y relevo, aunque la consellería nunca informó de estos cambios.
