La pérdida de población extranjera en Galicia comenzó en 2013 con una caída del 2% respecto al ejercicio anterior pero se agudizó el año pasado al recibir 12.099 extranjeros menos en la comunidad. Esta cifra supone un descenso del 11% y se convierte en la más pronunciada desde 1998, el primer año al que hacen referencia las estadísticas del padrón municipal que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). La reducción de la población con pasaporte internacional es precisamente una de las causas que explica el descenso también de las órdenes de expulsión de inmigrantes dictadas en 2014 por parte del Ministerio del Interior.

El departamento estatal abrió 333 expedientes el año pasado a inmigrantes en situación administrativa irregular o que habían cometido algún delito, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno en Galicia. Son 121 menos que el año anterior, lo que supone una bajada del 27%. Se trata de una caída brusca si se tiene en cuenta que entre 2012 y 2013 la cifra apenas varió al pasar de 458 a 454 órdenes. Hasta 2012, cuando debido a la recesión la llegada de extranjeros empezó a contenerse, la tendencia era la contraria. De los 1.191 procedimientos abiertos en 2008 se pasó a 802 en solo dos años, que aún así son más del doble del último trienio.

Pese a que el número de expedientes iniciados se redujo el año pasado, destaca el hecho de que casi la mitad de las órdenes de expulsión se han ejecutado, lo que demuestra un aumento de la efectividad en las resoluciones dictadas. Se trata de la proporción más elevada desde 2010, cuando también se llevaron a cabo el 46% de las repatriaciones de los inmigrantes a los que la policía había sorprendido sin papeles en la comunidad. En el resto de ejercicios el porcentaje de ejecución ha variado bastante desde el 10% de los años antes de la crisis, el 18% registrado en 2009 que repuntó al 46% en 2010, un año después de que se aprobase la reforma de la ley de extranjería que ampliaba el plazo para ejecutar las órdenes.

Más controles

Ese porcentaje se ve incrementado por el salto entre 2013 a 2014 al pasar de 77 a 158 órdenes que tuvieron efecto -más del doble de casos- por el aumento de los controles de inmigración en aeropuertos y fronteras y una mayor eficacia policial. La negativa de algunos consulados a reconocer como sus nacionales a los extranjeros con expedientes de expulsión abierto impiden la deportación.

Los inmigrantes obligados a abandonar la comunidad tienen entre siete días y un mes para abandonar el país desde que reciben la notificación, salvo en el caso de tener a cargo menores escolarizados que se espera a finalizar el curso escolar. Si terminado ese plazo el extranjero al que se le ha dictado la repatriación todavía continúa en Galicia, la policía podrá detenerlo y ejecutar la expulsión en un máximo de 72 horas.

Esta vía rápida de expulsión se realiza de forma inmediata y se reserva para aquellas personas con antecedentes, sobre todo por violencia de género o delitos penales. Y si no es posible efectuar la deportación en esos tres días, la ley permite retenerlo en un centro de internamiento un máximo de dos meses.

En Galicia no hay instalaciones de este tipo e Interior remite a los interceptados en la comunidad al centro ubicado en Madrid, pero existe coordinación entre las distintas autonomías y para tratar de llenar los aviones con ciudadanos en situación de irregularidad de varios puntos de España.

Los datos son muy dispares si se comparan por provincias debido al número de los inmigrantes que llegan cada año a cada zona. Por eso, A Coruña y Pontevedra acaparan el mayor número de órdenes de expulsión con 83 y 139 casos, respectivamente, mientras que las provincias del interior no llegan a 60.

En comparación con 2013, los trámites iniciados el año pasado en la comunidad descendieron a la mitad en Ourense y en un 21% en la provincia coruñesa. En Pontevedra se contabilizaron ocho expedientes menos y en Lugo, por el contrario, uno más. En cuanto a las deportaciones llevadas a cabo destaca A Coruña, donde en 2014 se efectuaron el 89% del total. La proporción se reduce al 49% en Pontevedra, al 22% en Lugo y en Ourense se queda apenas alcanza el 10%.

Alegar matrimonio con una persona de nacionalidad española, lograr un contrato de trabajo o el nacimiento de hijos españoles son algunos de los motivos por los que casi una treintena de extranjeros sobre los que pesaba una orden de expulsión consiguieron que el Ministerio de Interior la revocara.

El responsable de Migración de la CIG, Xurxo Martiz, destaca que los brasileños son los que están más sujetos a estos procesos porque este colectivo representa el grupo de extranjeros más numeroso en Galicia. Alerta además de que los procedentes de este país suelen entrar a tierras gallegas a través de Portugal donde no necesitan el visado de turista. De esta forma -añade Martiz- evitan las expulsiones en los aviones que el Gobierno fleta para deportar a los sin papeles desde Barajas a sus países de origen.