Macrocausas como la Pokemon, Campeón, Carioca, o Patos ya no podrán eternizarse en los juzgados. Las investigaciones de los asuntos penales complejos, como los casos de corrupción, delitos urbanísticos, medioambientales o económicos, tendrán que cerrarse a partir de este mismo mes en año y medio, prorrogable hasta un máximo de 36 meses. Muy lejos de este plazo quedan los nueve años que duró la instrucción del Prestige o los ya tres años que se han cumplido de la apertura de la Pokemon, la mayor trama de corrupción investigada en Galicia con más de un centenar de imputados y que ha supuesto un toque de atención a la juez instructora, Pilar de Lara, por parte de Fiscalía y del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) debido a la larga duración de las diligencias.
Para aquellos asuntos sencillos, la instrucción se limitará a seis meses. Así lo impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor este domingo día 6 y que obligará a los juzgados de toda España a revisar más de 370.000 procesos. En el caso de Galicia, los apenas 150 fiscales y 170 jueces tendrán que asumir una auténtica carga de trabajo ya que deberán analizar de urgencia un total de 35.155 causas.
El sector de la judicatura ya manifestó en los últimos meses su rechazo a esta reforma porque, según recoge la ley, "las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer el incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos de personal". ¿Los efectos? Según advierten jueces y fiscales, a la saturación actual de los juzgados se sumarán estos nuevos plazos que les obligará a revisar "uno por uno" los casos ya abiertos para decidir si son "sencillos" y, en consecuencia, podrán resolverse ya o si son complejos y es necesario pedir una prórroga de hasta un máximo de 36 meses. Aunque en un principio se iba a dejar en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta medida finalmente se eliminó en el trámite parlamentario. En las últimas semanas, algunos jueces advirtieron de que si en 18 meses se hubieran cerrado casos como Gürtel o Urdangarín o los ERE de Andalucía "poco se sabría".
En Galicia, los fiscales tendrán que hacer una mega auditoría a más de 35.000 causas que a 30 de octubre se encontraban en tramitación en juzgados de instrucción, de Primera Instancia o de Violencia de Género, según datos del llamado Punto Neutro Judicial. La provincia de A Coruña concentra la mayor carga de asuntos a revisar: 15.419. Le sigue Pontevedra, con un total de 10.724 causas. Y cierran la lista Lugo (5.451) y Ourense (3.561).
Críticas de los fiscales
Para Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales, la reforma es una "chapuza" porque es un "corta y pega de un proyecto anterior" que convierte la ley en "un puzle en el que las piezas no encajan", por lo que -advierte- procesalmente resulta "un disparate" por las "disfunciones" que genera. "Está bien poner plazos y límites para las instrucciones, el problema es cómo se hace", defiende García Ortiz, al tiempo que cuestiona no solo la falta de medios humanos sino también de herramientas informáticas que, tal y como prometió el Ministerio de Justicia, les permita agilizar la revisión de las causas.
Con esta nueva ley, "brutalmente contestada por los fiscales de toda España", según recuerda, se ha generado un problema "innecesariamente". "Lo sensato sería haber hecho una reforma en profundidad, pero no con parches; pero una vez hecha no se debería haber aprobado tan precipitadamente y se debería haber dado un margen de al menos seis meses para estudiar todas las causas", asegura García-Ortiz, quien además alerta de que se corre el riesgo "importante e inasumible" de que haya causas complejas que se diluyan por no permitir plazos más amplios en la instrucción y además exigir que se fije a priori una prórroga de la investigación.
Antonio Roma, fiscal delegado de Urbanismo en Galicia, asegura que los fiscales y los jueces son "profesionales" y la revisión de los asuntos "saldrá bien" gracias al "sobreesfuerzo" que tendrán que realizar. Sin embargo, pone peros a esta reforma. "Necesitamos buenas leyes con criterios claros y principios modernos, compatibles con las normas que aplican en los países europeos y en América [donde es el fiscal el que instruye], non con criterios de 1882", apunta el también expresidente de la Asociación de Fiscales, en alusión a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882.
Para Roma, la reforma actual les "obligará" a prestar atención tanto a "procesos sustanciosos", como pueden ser causas complejas de corrupción o delitos económicos, como a "menos sustanciosos" -casos de robos o lesiones- que les exigirá "correr más" y por tanto hacer "un repaso menor del que algunos asuntos requerirían".
Sobre el plazo de 18 meses prorrogable a tres años para los asuntos complejos, Roma reconoce que puede crearse una "situación de riesgo" que provoque que esos asuntos lleguen "menos maduros" cuando se les dé traslado a los juzgados de lo Penal o la correspondiente Audiencia Provincial.
