Anulada la licencia para la rehabilitación del Castillo de Monterrei

El juez establece que el parador se excede en el número de habitaciones planeadas

06.12.2015 | 01:59

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de los de Ourense ha anulado el acuerdo municipal en el que se otorgaba licencia de obra a la Axencia de Turismo de Galicia para ejecutar los trabajos de rehabilitación del Castillo de Monterrei para su uso como Parador. La sentencia estima el recurso presentado por tres vecinos de Verín contra este acuerdo alegando que incumple el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei.

Aunque el fallo no se pronuncia sobre el uso turístico de este espacio monumental, determina que el acuerdo municipal "excede claramente" los parámetros de superficie máxima edificable permitida por la ordenanza, así como el número máximo de plazas hoteleras, según informa Europa Press.

En concreto, la norma para este tipo de edificios permitía únicamente una superficie máxima edificable de 300 metros cuadrados y un máximo de 10 plazas -entendidas como habitaciones-, mientras que la licencia autorizaba más de 2.000 metros cuadrados edificables y 12 habitaciones.

Por el contrario, el juez rechazó otros dos argumentos dados por los recurrentes: que fuese necesaria la declaración previa de Conjunto Histórico de todo el entorno monumental en el que se incluye la fortaleza y que la intervención requiriese de la aprobación de un plan especial de protección.

La Xunta ya avanzó el viernes que recurriría el fallo dado que "disiente" de la interpretación judicial. Así, la Administración considera que el número máximo de habitaciones debe entenderse referido a cada uno de los edificios del monumento y no al conjunto. Asimismo, resta importancia a este elemento, que "constituye un tecnicismo sobre los requisitos permitidos en relación al número de habitaciones" y ha asegurado que podría solucionarse con una modificación del proyecto. En todo caso, la Xunta no hizo referencia a la decisión del juez de anular la licencia, haciendo únicamente mención a que el juzgado no observó ilegalidad en el proceder de la Administración autonómica, toda vez que el acuerdo anulado tiene carácter municipal.

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