Los delitos incoados por corrupción se dispararon un 123% en Galicia el año pasado hasta alcanzar los 412 y de los que solo en siete se dictó sentencia. Es uno de los datos de la memoria de la Fiscalía gallega que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, presentó ayer en la Cámara autonómica. En su comparecencia en comisión parlamentaria, el fiscal destacó que la "lentitud" de los procesos judiciales en casos de corrupción puede generar "desconfianza" de la ciudadanía hacia el sistema e incluso "una imagen internacional negativa" respecto a la administración de Justicia. Por eso, advirtió de que una sola persona no debe asumir este tipo de investigaciones tan complejas. En este sentido, criticó la figura "decimonónica" del juez instructor y en su lugar apuesta por "grupos de profesionales altamente cualificado" para dar celeridad a los procedimientos.

Suanzes insistió en el Parlamento gallego en que en los asuntos de corrupción tanto jueces como fiscales necesitan la ayuda de expertos -como ocurre en otros países con un cuerpo de peritos asignados a cada proceso- por la importancia que tienen las pruebas periciales y la práctica de "numerosas y complejas" diligencias que exigen estas causas.

El fiscal superior de Galicia reclamó un pacto en Estado en materia de Justicia para dotar de más medios materiales e informáticos en los juzgados gallegos que, en su opinión, son "insuficientes". Recordó que este siglo trajo consigo nuevas formas de delincuencia complicadas a las que no acompañó una subida de inversión ni en medios materiales ni humanos y tampoco una adecuación de estos casos a la ley, lo que provoca "retrasos" en algunas investigaciones.

Además de las demoras en los asuntos más complejos, Suanzes lamentó que el sistema judicial se sature "de forma innecesaria" con procedimientos con pocas opciones de prosperar y que provoca retrasos en el resto de causas. La reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor a principios de mes, ayudará, según el fiscal, a liberar los juzgados gallegos en un 35% al eliminarse la remisión a los juzgados y fiscalías los atestados sobre delitos sin autor conocido. Pese a que comparte el fondo de la reforma, Suanzes no comparte "el camino elegido" y critica la efectividad de la norma al limitar a seis meses el tiempo de instrucción.

En su intervención en la Cámara autonómica, el fiscal anunció, por otra parte, que el próximo año se iniciará en las fiscalías provinciales la puesta en marcha de oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.