La ley de transparencia y buen gobierno de la Administración autonómica, que regula que los altos cargos hagan público su patrimonio al tomar posesión y al cesar o que restringe la acción de gasto del gobierno en funciones, salió ayer adelante en el Parlamento gallego con los votos del PP gallego y del PSdeG, mientras AGE, BNG y Grupo Mixto se abstuvieron porque, a pesar de los "avances muy significativos" producidos en su tramitación, todavía ven "taras" de "opacidad". Aunque durante el trabajo parlamentario toda la oposición coincidió en pedir la devolución del texto impulsado por los populares, ayer los socialistas se desmarcaron mostrando su apoyo. Marisol Soneira, diputada de la formación, justificó que lo que mejora es "mucho más de lo que se deja por el camino". Mientras, desde el PP, Paula Prado echó en cara a los grupos que se abstuvieron de que no tienen "motivos de peso" para no votar a favor de esta ley, que reemplaza la que estaba en vigor desde 2006 aprobada por el bipartito.
La oposición, sin embargo, coincidió en apuntar dos peros en la norma. Por una parte, los efectos del silencio administrativo negativo, que criticaron tanto la diputada Consuelo Martínez (Grupo Mixto), como el diputado de AGE Xabier Ron, para quien reservar esa "prerrogativa" supone "opacidad". "Van a hacer que la ley sea como un boicot" por la administración al acceso a la información que interese, criticó el representante de AGE.
Por otra, según apuntó la nacionalista Tareixa Paz, con este texto "no se va a poder regular en su totalidad" aspectos de las puertas giratorias, ya que, alega, "no es lo mismo" que un cargo público pueda ir a trabajar "a una mercería de Ourense" que a ACS.
