Aunque se las conoce como llamadas "maliciosas", en realidad esconden dos tipos de motivaciones: por un lado, las de quienes buscan la movilización de medios sin que exista una emergencia real, a veces de broma; por otro, las de los que en el fondo solo pretenden ser escuchados sin encontrarse de verdad en apuros, desde los que notifican falsas alarmas o alertan de sucesos menores hasta los que son reincidentes. Hasta 63.212 llamadas de ese tipo llegaron al Centro de Atención de Emerxencias 112 en Galicia, más de 170 cada día de media, a lo largo del año 2015, según el balance presentado ayer por el director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, y el gerente da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Juan José Muñoz.

Pese a que la cifra puede parecer elevada, es un 22% inferior a la registrada el año anterior, cuando las alertas infundadas ascendieron a 81.518, y representan la mitad si se las compara con las 135.494 contabilizadas en 2013. La Xunta atribuye el descenso a las "mejoras" en el protocolo de tratamiento de este tipo de llamadas, que sirve a la centralita del 112 para discernir cuándo se trata de falsos avisos o cuándo hay una amenaza detrás.

Al margen de estos avisos sin fundamento, los profesionales del 112 tuvieron un año bastante ajetreado, como revelan los datos del balance presentado ayer. Se atendieron en total 1.083.772 llamadas, casi un 10% menos que durante el año anterior, aunque esos avisos se tradujeron en el 18% de las veces en situaciones de emergencia que precisaron de la asistencia sanitaria y la intervención de las fuerzas del orden y de los servicios de rescate y extinción de incendios. Los recursos de emergencias se movilizaron en 334.472 ocasiones para resolver 201.610 incidencias, un 5% más que las registradas durante 2014. El 47% de las intervenciones estuvieron relacionadas con incendios urbanos e industriales, rescates, fugas de gas, derrames de sustancias, recogidas de animales y activación de planes especiales de protección civil; mientras un 29% tuvo que ver con la atención sanitaria, un 14% con la seguridad ciudadana y el resto con accidentes laborales y de transportes.