Tras interrogatorios a políticos, funcionarios y técnicos de los dos últimos meses, la macrocausa de la operación Patos, en la que se investiga una supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, se centró ayer en el papel de los empresarios. Nueve responsables de constructoras comparecieron en calidad de investigados en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo y, con la excepción de uno que se acogió a su derecho a no declarar, coincidieron al negar la existencia de pactos con Eiriña para amañar adjudicaciones de obras a favor de esta empresa propiedad de Enrique Alonso Pais, supuesto cerebro de la trama. El fiscal pidió en su día la imputación de todos ellos, como así lo acordó la juez, al atribuirle, según consta en el sumario, la presentación de presupuestos de acompañamiento de "complacencia" para que Eiriña se quedara con los trabajos. La juez les preguntó directamente sobre esta cuestión y rechazaron tales prácticas, describiendo que su relación con Pais era profesional y la normal entre empresarios del sector.

Las comparecencias se sucedieron toda la mañana. Los empresarios participaron con sus ofertas en procesos de adjudicación de obras de la Diputación de Pontevedra (la mayoría de ellos), la Autoridad Portuaria de Vigo y la Delegación de la Xunta también en la ciudad olívica. El grupo UDEF de la Policía Nacional sostiene que, con el fin de dar apariencia de legalidad a los procedimientos, estos empresarios aportaron presupuestos de acompañamiento en obras que finalmente se adjudicaron a Eiriña: la tesis policial es que había un "amaño" según el cual hacían una oferta económica peor -mayor- que la de la empresa de Pais. La mayoría, adjudicaciones en entredicho eran contratos de obra menor que se hacían mediante el procedimiento negociado, en el que rige el sistema de que la administración adjudicadora debe invitar a varias empresas para que presenten sus ofertas.

Los investigados negaron las irregularidades, concretando en algún caso que era "imposible" estos pactos porque las ofertas eran a sobre cerrado y nadie las conocía. Y en el caso concreto de Miguel Ángel Pintos Vila, de Sercoes Obra Civil, citado en relación con un presupuesto para una subvención de la Diputación pontevedresa por unas obras de la Asociación de Pena Moura, incluso rechazó que el citado documento fuese realizado por ellos: alegó que ni era suya la firma que aparecía en el presupuesto ni tampoco el sello era el de su constructora. Solo en un caso, el de Emilio Balboa Ortiz, de Construcciones Balboa y Buceta SL, éste admitió que el hermano de un empleado suyo que trabaja en Eiriña le pidió como favor a su trabajador que presentaran un presupuesto para una obra en el puerto por la que estaba interesada la empresa de Pais.

En los interrogatorios también salió a colación el hecho de que los resguardos de ofertas presentadas por algunas de estas empresas aparecieron en la sede de Eiriña. Al ser requeridos para que explicaran esta situación, respondieron que no sabían cómo esos documentos podían haber acabado en la citada oficina. Un empresario concretó que le extrañaba que fuera así, pero que en todo caso eso no significaba nada. Con respecto a las intervenciones telefónicas de conversaciones en las que responsables de Eiriña hacían referencia a presupuestos de acompañamiento o invitaciones para concurrir a concursos, negaron que se refirieran a irregularidades.