Los vecinos de los pequeños y medianos concellos recibirán menos fondos del Estado que los que percibirán los afincados en las siete ciudades. De la tarta de las transferencias del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos, el bocado que tocará este año a las urbes será un 30% superior al que reciben el resto de municipios de la comunidad. Hasta un total de 242,9 euros per cápita frente a los poco más de 182 de los residentes en las localidades de menor tamaño, según los datos de las entregas a cuenta publicados por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Estos fondos son un adelanto de la financiación estatal y se calculan según la previsión de recaudación para cada ejercicio, es decir, según la estimación que el Estado hace de los ingresos que tendrá este año por IRPF, IVA e impuestos especiales. En el conjunto de Galicia, los concellos y diputaciones recibirán este año por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) un total de 1.098,8 millones, lo que supone 20,1 millones menos que el ejercicio pasado. Casi la mitad de este montante será para las cuatro diputaciones, mientras que las siete ciudades obtendrán 248,39 millones y el resto de ayuntamientos recibirán casi 324.
Para calcular el reparto de estos fondos, Hacienda utiliza tres variables. Por un lado, el número de habitantes primando a los municipios de mayor tamaño. La segunda pata del sistema es el esfuerzo fiscal, es decir, su eficacia en la recaudación. Para ello se tienen en cuenta el IBI, el impuesto de actividades económicas o el tributo sobre vehículos. Y el tercer criterio es el llamado inverso en la capacidad tributaria, que supone una mayor aportación de fondos a los ayuntamientos con menores posibilidades recaudatorias por tamaño o población.
Balance
A la cabeza del ranking autonómico en las entregas a cuenta de 2016 está Vigo, a la que Hacienda inyectará más de 74,7 millones, seguida de A Coruña, con poco más de 66 millones. Sin embargo, la inversión que el Gobierno destina por habitante en las urbes gallegas coloca a A Coruña en el primer puesto, con una media de 269,7 euros por vecino. Le siguen en la lista a poca distancia Ourense (262,16) y Vigo (253,48). Santiago ocupa el cuarto lugar en inversión por habitante de las ciudades en la comunidad urbes (247,79 euros). Cierran la lista Ferrol (227,57), Lugo (223,21) y, finalmente, Pontevedra (217,09).
Por provincias, los habitantes de Pontevedra son los que menos aportaciones obtendrán del Estado -una media de 181,29 euros-. Por el contrario, los vecinos de Ourense y Lugo recibirán los mayores ingresos, 185,81 euros y 184,39 respectivamente. A Coruña se queda en el segundo puesto a nivel provincial, con una inversión media de 183,12 euros per capita.
En Galicia, son muy pocos los concellos con unas transferencias del Estado de más de 200 euros por vecino. En total, 43 ayuntamientos -diez de A Coruña, 14 de Lugo, 13 de Ourense y seis de Pontevedra-, lo que supone un 13,6% del total en el conjunto de la comunidad.
En toda Galicia, tan solo hay dos municipios con una inversión del Estado per capita por encima de los 300 euros: el concello ourensano de Manzaneda de apenas mil habitantes (342,49 euros) y Negueira de Muñiz, en Lugo, de poco más de 200 vecinos (307,13 euros).
En el extremo opuesto de la lista están los ayuntamientos de Forcarei (145,64 euros por habitante), Rábade (148,44) y Coirós (149,5).
Los alcaldes esperan que esta será la legislatura de la reforma del modelo de financiación local. Los ayuntamientos gallegos califican de "perverso" el actual sistema. Las particularidades de Galicia, según advirtieron los regidores durante la pasada legislatura, exigen una "financiación justa"; y esas particularidades deben tener se en cuenta en el reparto de los fondos estatales. El modelo actual se basa en tres variables: población, esfuerzo fiscal e inverso en la capacidad tributaria.
La aplicación de estas tres variables, según cuestionan los ayuntamientos gallegos, es "injusto" porque genera "desigualdades", "ineficiencias" y "desequilibrios". Para tratar de corregir esta situación, las administraciones locales reclaman al Ejecutivo central que incluya criterios objetivos para el reparto de fondos, como la dispersión, el envejecimiento, la superficie o las entidades de población así como que tenga en cuenta el coste que asumen en la prestación de los servicios.
