El abogado que defiende a Francisco José Garzón Amo, el maquinista que el 24 de julio de 2013 conducía el tren Alvia que descarriló en Angrois, ocasionando 80 muertes y más de un centenar de heridos, presentó el pasado jueves el recurso de apelación en el que reclama que se revoque el cierre de la instrucción, de modo que se reabra el caso.

El extenso recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla la normativa que, según sostiene, es de aplicación para la línea Ourense-Santiago en que se produjo el accidente, al advertir de que es "fundamental" conocerla "para poder hacer una correcta instrucción y concretar las responsabilidades penales". Así, en su ánimo de vincular a Adif, responsable de seguridad en la infraestructura, atribuye al juez, Andrés Lago Louro -que heredó la causa del magistrado Luis Aláez-, "desconocimiento" de las normas ferroviarias.

A Adif, Renfe, la CIAF y los dos peritos judiciales designados por la Xunta, mientras, les acusa de estar "ocultando la verdadera normativa que es de obligado cumplimiento y que emana directamente de la Unión Europea". En concreto, cita directivas, reglamentos, decisiones y normas europeas, así como los reales decretos que los trasponen, antes de criticar a los anteriores organismos que quieran dar a entender la existencia de "una supuesta ausencia de norma", en una "táctica de ocultación". El letrado carga contra el informe de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), porque sostiene que "todo lo que se incumple se silencia", y que recomienda cuestiones que son obligatorias y exigidas por reglamentos que la propia comisión cita. "La CIAF engaña en su informe", asegura.

Las víctimas, por su parte, expusieron ayer sus alegaciones a la desestimación de un anterior recurso por parte del juez, al que acusan de "oscurantismo" y "arbitrariedad" en su manera de proceder. Advierten además a la Audiencia de que responsables europeos emitirán un informe entre febrero y marzo y le recuerdan el caso del metro de Valencia.