Desde el pasado mes de octubre, los ciudadanos extranjeros que quieren obtener la nacionalidad española deben realizar un examen de "conocimientos constitucionales y socioculturales de España". Y si además proceden de un país de habla no hispana tendrán que pasar otra prueba en la que demuestren su conocimiento "básico" del idioma español. Por estos exámenes deben pagar entre 185 y 306 euros. Para la mayoría de los afectados, el coste no es el problema sino el papeleo que tienen que realizar, que todos los trámites de los exámenes deben hacerlos por internet y las largas esperas de meses que deben soportar para hacer las pruebas.

En Galicia solo hay dos centros homologados para realizar el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales, ambos en Santiago. Las pruebas se realizan el último jueves de cada mes. Y para las convocatorias de enero, febrero y marzo ya no hay plazas. Y para las de abril quedan muy pocas.

"Cada vez se lo ponen más difícil a los inmigrantes para conseguir la nacionalidad. Es mucho papeleo, lo tienen que hacer por internet y hay mucha gente que no tiene acceso a un ordenador", se quejan desde el Foro Galego de Inmigración. "Muchos de los que quieren obtener la nacionalidad llevan tiempo aquí, ya son mayores y nunca han estudiado. Y les asusta tener que estudiar 300 preguntas", aseguran.

La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, cuya superación es un requisito indispensable para la obtención de la nacionalidad española, ha sido diseñada por el Instituto Cervantes. Es un examen tipo test y de verdadero y falso en el que para aprobarlo hay que responder de forma correcta a 15 de las 25 preguntas que tiene. Las incorrectas no penalizan. La matrícula da derecho a presentarse en dos ocasiones. Lo mismo sucede con la prueba de idioma.

Los interesados disponen de un listado de 300 preguntas de las que 25 saldrán en el examen. Algunas de las cuestiones son ¿quién es el jefe del Estado?, ¿a quién corresponde convocar las elecciones? o ¿cuál es la profesión de Penélope Cruz?

Xurxo Martiz, de CIG-Migración, no cuestiona que haya que hacer estos exámenes sino el "enorme embudo" administrativo que existe. "En todas las partes del mundo, la gente tiene que hacer pruebas para acceder a la nacionalidad. Yo viví en Venezuela y tuve que hacer una prueba. No veo negativo que aquí también se haga", argumenta. "Antes, la cuestión idiomática se subsanaba con la entrevista de la policía, pero ahora no", relata.

Para Martiz, "el principal problema es el colapso provocado por el histórico centralismo". "No puede haber un solo registro para todos los extranjeros en Madrid. Eso es un embudo. Debería haber un registro civil en cada lugar de residencia de los inmigrantes", asegura.

El pasado octubre entraron en vigor la ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y la ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que en su disposición final séptima regula el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. Entre otros requisitos, ambas leyes exigen la superación de las pruebas que acrediten el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas y del idioma español.