El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha asegurado hoy tras la nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Prestige, que la resolución satisface sus tesis y servirá para que se haga frente al menos a mil millones de dólares de responsabilidad civil a través de la aseguradora.
El Supremo ha penado por un delito imprudente contra el medio ambiente al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, a dos años de cárcel, en una condena que cambia la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y establece la existencia de responsabilidad civil.
La condena por un delito contra el medio ambiente para Mangouras, supone que él, la operadora del barco y la aseguradora, Universe Maritime y London P&I Club, afrontarán el pago de una responsabilidad civil que podría ser de miles de millones de euros.
García Ortiz ha detallado a EFE que la nueva sentencia "es condenatoria" y "cambia de alguna manera la emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña".
Lo hace "en dos sentidos", primero porque "condena al capitán por el delito contra el medio ambiente, que era la tesis de la Fiscalía, en este caso por imprudencia" y también porque "respecto de la desobediencia, la integra dentro del delito medioambiental y el conjunto de actuaciones se integra en un solo hecho".
Esto responde a su "tesis acusatoria", pues García Ortiz aseguró durante el juicio por el hundimiento de este petrolero el 19 de noviembre de 2002, que el capitán era "responsable de un delito contra el medio ambiente" y "debería tener consecuencias penales".
Refrenda la sentencia su planteamiento sobre el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, que el fiscal pensaba que no tenía responsabilidad, por lo que la sentencia "satisface las tesis de la Fiscalía".
El fiscal prefiere no utilizar la palabra "positiva" para definir su valoración de la sentencia, pero considera que ésta se ajusta más a lo ocurrido entonces, cuando el hundimiento del petrolero causó una catástrofe medioambiental en costas atlánticas y cantábricas.
Añade la sentencia, como "consecuencia lógica", una "responsabilidad civil", que antes no existía, detalla García Ortiz, y la agrega "de una manera muy interesante".
Destaca la resolución del Supremo "cómo se paga" la responsabilidad civil y desgrana las cantidades máximas a las que pueden hacer frente "el capitán, la propietaria registradora del barco y la aseguradora", que están todos "condenados", junto con el "instrumento de compensación".
"El tribunal -la Audiencia Provincial de A Coruña- va a tener que determinar cuál es la responsabilidad civil. La sentencia lo que dice es por qué cantidad pueden responder cada uno de los sujetos", ha añadido García Ortiz.
La cifra final la tendrá que dictaminar la Audiencia en la ejecución de la sentencia, que el fiscal piensa que será inmediata.
El "elemento solvente" es la aseguradora, que tiene un límite de mil millones de dólares, y deberá abonar la cantidad que se solicite durante la ejecución.
