Una inversión de 3.000 millones de euros que daría trabajo durante cinco años a más de 2.000 personas en las instalaciones de Navantia en Ferrol y Cádiz, sin determinar cómo se repartiría la carga de trabajo. Son las principales cifras del megacontrato anunciado entre la empresa pública y el Gobierno de Arabia Saudí para construir cinco corbetas -buques de guerra entre 900 y 2.000 toneladas- del que, según avanzó la semana pasada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solo está pendiente que se materialice la firma. Aunque desde el Ejecutivo gallego consideran que este encargo marcaría un antes y un después en la actividad en la ría ferrolana, varias ONG enviaron ayer una carta a Navantia y al Gobierno central en la que les alertan de que Arabia Saudí podría utilizar las fragatas que se prevén construir en los astilleros de Ferrol y Cádiz en el bloqueo naval al que somete a Yemen desde marzo de 2015.

Al margen de la confrontación armada y los bombardeos aéreos, la ofensiva dirigida por el Ejecutivo saudí contra los rebeldes de Yemen que apoyan al expresidente Alí Abdalá Saleh se completó hace diez meses con el bloqueo por mar para cortar el suministro de armas a las fuerzas hutíes, un movimiento chiíta al que el Gobierno yemení de Abdo Rabu Mansur Hadi y sus aliados -Estados Unidos y el rey Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudí- acusan de ser una extensión de la República Islámica de Irán, la única teocracia chiíta de Oriente Medio. Para las ONG firmantes de la misiva -Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón- este bloqueo al que, en su opinión, contribuirían las corbetas de Navantia, es "una violación grave del derecho internacional humanitario".

Para las organizaciones no gubernamentales, la exportación de las cinco corbetas significaría además vulnerar la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, la posición común de la UE que define las normas que rigen el control de la exportaciones y equipos militares, y también -indican- Navantia actuaría en contra de los principios reguladores de las transferencias de armas convencionales acordados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En la carta enviada a la empresa y al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, los colectivos explican que el bloqueo naval agrava la crisis humanitaria en Yemen en la que más de 21 millones de personas necesitan asistencia. Señalan que según la ONU, este conflicto lleva por ahora casi 6.000 fallecidos, más de 28.000 heridos y más de 2,5 millones de desplazados internos.

No es la primera vez que las ONG lanzan una advertencia de este tipo. A finales de abril del año pasado pidieron al Gobierno central que investigase si Arabia Saudí había usado armas fabricadas en España en sus ataques contra civiles en Yemen y exigió ya entonces la suspensión de las exportaciones de armamento al país árabe, a lo que el Ejecutivo estatal contestó que las ventas cumplen la normativa internacional y respetan los derechos humanos. Las organizaciones humanitarias reiteran su petición y demandan más medidas para mejorar la transparencia del comercio de armas.