Tras más de un cuarto de siglo en vigor, el Gobierno sacó a la luz el pasado 1 de octubre una nueva ley de carreteras para adaptarla a los cambios de la red y afrontar "los problemas que crea la necesidad de mayor movilidad ocupando el menor territorio posible". La Xunta le reclamó que aprovechase la renovación para "clarificar" los supuestos en los que sea posible el cambio de manos de una carretera, pensando, como reconoce, en su objetivo de que la Autopista del Atlántico (AP-9) pase a la titularidad autonómica. La negativa del Ejecutivo central, que reserva para sí mismo la exclusividad de la decisión, ha llevado a la Administración autonómica a presentar un conflicto de competencias que, en caso de desacuerdo, derivará en un recurso en el Constitucional.

La apertura de la comisión bilateral para dirimir las diferencias entre ambas se centra en los artículos que fijan que el traspaso de una carretera será una decisión "unilateral" del Estado. "Sin criterios, ni negociación", se quejan desde la Consellería de Infraestruturas, y recuerdan que el problema va más allá de la AP-9, ya que el Gobierno central podría obligar a una comunidad a asumir la titularidad y el mantenimiento de cualquier vía suya.