La Xunta reclamará indemnizaciones por los daños del 'Prestige' y los gastos del juicio

La Xunta exigirá además gastos del juicio - Rueda: "Tenía que haber culpables para asumir responsabilidades civiles"

28.01.2016 | 12:49
Una sesión del juicio del ´Prestige´ (noviembre 2012).

Trece años pasaron desde que el Prestige se hundiese en la costa gallega hasta que se juzgó la mayor catástrofe medioambiental de España que tiñó de negro casi 3.000 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del Miño hasta la costa francesa. En noviembre de 2013 la Audiencia de A Coruña publicó una sentencia en la que eximió de cárcel y del pago de los daños a los tres únicos acusados -el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors- y en la que reconoció como única responsable de las deficiencias del petrolero a la clasificadora ABS. Los 18 recursos presentados al fallo -entre ellos el de la Xunta, la Abogacía del Estado, el Estado Francés, el Consejo General de Bretaña, asociaciones ecologistas, empresas y particulares- han servido para que el Tribunal Supremo tumbe la sentencia absolutoria y condene al capitán del buque y declare responsabilidades civiles a la propietaria y a la aseguradora.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró ayer la decisión del alto tribunal, que considera "una buena noticia" porque abre la puerta a reclamar indemnizaciones. "Y nosotros desde luego lo haremos", insistió en relación a los daños producidos por el petrolero y por los gastos del macrojuicio que se celebró en Expocoruña durante nueve meses y que costó a las arcas de la Administración gallega casi 1,4 millones. El número dos del Ejecutivo autonómico recordó que los daños fueron "muchos" y que la celebración del proceso que corrió a cargo de la Xunta supuso "inversiones importantes tanto para la preparación del juicio como para realizar todas las pruebas periciales necesarias". "Hubo daños y gastos que tuvo que asumir la Xunta, que asumieron los gallegos en su conjunto y es el momento de reclamarlos", insistió el vicepresidente del Gobierno gallego.

Los servicios jurídicos de la Xunta reclamaban en su recurso al Supremo presentado en junio de 2014 compensaciones de más de 3.000 millones de euros por la catástrofe del Prestige. Por una parte, solicitaban 1,3 millones por el coste estimado del reciclado y la eliminación de 10.000 toneladas de fuel de la costa gallega y 2,4 por los daños medioambientales a medio plazo por el accidente. Rueda explicó ayer que está de acuerdo con estas tesis que defendieron los asesores legales del Gobierno gallego durante el proceso y también con las de la Fiscalía, que había demandado durante el juicio casi 4.400 millones de euros por los efectos causados por el vertido. Para el vicepresidente de la Xunta, lo más importante del fallo del Tribunal Supremo es que se reconoce a los culpables porque -opina- "era necesario para hacer asunción de responsabilidades civiles".

El órgano judicial considera que el marino griego Apostolos Mangouras y la armadora Mare Shipping actuaron "temerariamente". Por eso, al primero lo condena a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente en grado de imprudencia y como responsables civiles a la propietaria junto con la aseguradora The London P&B Club y el Fidac (Fondo Internacional para la indemnizaciones de daños causados por hidrocarburos). Será la Audiencia de A Coruña la que tendrá que concretar a partir de ahora el importe para reparar los daños, un proceso que según explicó el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García-Ortiz a este diario será "complejo y largo". La aseguradora tiene una póliza de mil millones de dólares a lo que hay que sumar los 22,7 millones que ya depositó como fianza en 2002 en los juzgados de Corcubión y los 197 millones que ya repartió el Fidac.

Rueda prefiere ser cauto ante el nuevo escenario que se presenta ahora para fijar y cobrar las posibles compensaciones. Aclaró que una vez que la Audiencia de A Coruña haga su valoración, la Xunta aportará sus datos y presentará sus reclamaciones. Por ahora el Gobierno gallego tiene previsto reunirse con su asesoría jurídica para que "también hagan sus indagaciones" y una vez que el fallo vuelva a la Audiencia "se abrirán los plazos y tendrán que ser los jueces los que los dicten".

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