Los gallegos acuden a los tribunales no solo a presentar denuncias sino también a recurrir los fallos judiciales en los que están involucrados porque les perjudican o porque consideran que la Justicia no ha reparado de forma adecuada los daños causados. La implantación de las tasas judiciales a finales de 2012 por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, que su sucesor Rafael Catalá derogó a principios de 2015, supusieron un encarecimiento en el derecho a recurrir. Y sobre todo en segunda instancia, cuyo coste podía alcanzar los 750 euros. Incluso antes de las ya eliminadas tasas judiciales, los recursos que prosperaban y lograban cambiar las sentencias eran muy escasas y en ninguna jurisdicción superaba el 4%. Un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre revocación de sentencias revela que en 2014 más del 95% de los fallos permanecieron invariables al no ser impugnados o en los casos en los que sí hubo recurso porque éste fue rechazado por el instructor de la causa. Solo cuatro de cada cien sufrieron algún cambio respecto a la redacción inicial luego de que los afectados apelasen la decisión judicial con la consiguiente prolongación en la duración del proceso que agrava el ya de por sí lento funcionamiento de la Justicia.
En la jurisdicción Civil -juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Familia, Violencia contra la Mujer o Mercantil- el número de apelaciones elevadas respecto a las sentencias dictadas descendieron un punto hasta el 11% en comparación con 2013 pero por encima del 10% a nivel nacional. Pero solo un 5% salieron adelante porque no hubo cambios en el 95% del resto de estos fallos relacionados con conflictos entre particulares como desahucios, hipotecas impagadas, reclamaciones de deudas o conflictos de familia. En estos mismos órganos judiciales pero accediendo en segunda instancia a través de la jurisdicción Penal, los recursos apenas suponen un 6% del total. En el caso de los juzgados de lo Mercantil aumentaron las apelaciones en cuatro puntos hasta el 14%.
En los tribunales de la Violencia sobre la Mujer, Galicia lidera el ranking nacional de sentencias impugnadas con casi un 18% del total y la acompañan en el podio Cataluña y País Vasco con cerca del 15%. Las apelaciones a fallos penales de estos juzgados suponen el 7,6% y aunque superan al 3,6% que representaban en 2013 relegan a los juzgados gallegos a la segunda posición, por detrás del 11,4% de las presentadas en Madrid.
La comunidad gallega también es líder en la revisión de decisiones judiciales con menores implicados, ya que el año pasado se solicitó la modificación de la adoptada en primera instancia en el 19% de los casos, más del doble que el 8% de media en toda España. Aún así, solo el 1% de las sentencias dictadas en los juzgados de menores gallegos fueron revocadas.
La tendencia a recurrir se concentra sobre todo en tres jurisdicciones: la Social, la Penal y la Contencioso-Administrativo. Las sentencias de los tribunales de lo Social que tratan conflictos laborales entre empresarios y trabajadores como despidos son las más recurridas, con un 32% del total impugnadas por alguna de las partes en 2014 -cuatro puntos más que el 28% de las registradas en 2013- pero solo en el 6% prosperan los recursos de suplicación presentados para revocar la decisión inicial. En esta jurisdicción Galicia copa la segunda posición solo superada por el 34% de Asturias.
La tendencia a presentar recursos es notable además en los órganos penales con apelaciones en el 20% de las sentencias ejecutadas, el mismo porcentaje que la media nacional y en el quinto puesto de la tabla. Y en cuanto a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo que abordan litigios entre los ciudadanos y la Administración, Galicia queda relegada al octavo lugar con más del 15% de fallos judiciales que acaban en recurso a pesar de que con ellos solo se logró modificar un 5% de las sentencias.
Los jueces y fiscales reclaman desde hace años, sobre todo desde el inicio de la crisis, medios para desatascar los órganos judiciales y reducir la duración de los procesos. El presupuesto invertido en Justicia en Galicia en 2014 superó los 120 millones de euros, pero supone un descenso respecto a los 126 millones destinados a los tribunales de la autonomía en 2013. Pese a que en números absolutos, la comunidad se coloca en la mitad de la tabla, en concreto en el séptimo puesto, en cuanto a inversión, es la segunda en la más bajó el presupuesto en un año. El descenso es más acusado solo en Canarias, con una bajada de casi el 11% en la partida reservada para Justicia. Si se comparan las inversiones en cada autonomía respecto a su población, Galicia desciende, sin embargo, a la antepenúltima posición con apenas 43,9 euros por habitante, solo por encima de los 42,4 de Asturias y los 41,3 de Navarra.
Por otra parte, el presupuesto para justicia gratuita, que cubre los pagos de los abogados de oficio que representan a las personas que no tienen recursos para costearse su defensa, se mantiene invariable en los diez millones de euros , al igual que Asturias que conserva sus 3,8 millones de 2013. Salvo en Aragón y País Vasco con una mayor inversión en justicia gratuita, en el resto de autonomías la cuantía bajó en 2014 frente al año anterior.
