La Fiscalía urge a Presidencia el refuerzo de personal para revisar 35.000 causas abiertas

Reclama que la medida se implante con la "máxima urgencia" n La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los fiscales a comprobar los procesos pendientes

02.02.2016 | 01:54
Reunión de la Junta de fiscales de Galicia.

La entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha supuesto, entre otras consecuencias, una carga extra de trabajo para los fiscales, pues tienen que revisar, en el caso de Galicia, las 35.000 causas penales pendientes para decidir si tienen naturaleza ordinaria -y por tanto su instrucción debe cerrarse en seis meses- o deben considerarse complejas, por lo que el plazo se amplía hasta los 18 meses. Pero ante de tomar esta decisión, deben volver a analizar todos los casos y el cuadro de personal es insuficiente. La Xunta se había comprometido a reforzar las fiscalías, pero casi dos meses después de la entrada en vigor de la reforma, nada se ha hecho, lo que llevó ayer a la Junta de iscales jefes provinciales y de área de Galicia, reunidos en A Coruña, a urgir al Gobierno autónomo que aplique con la "máxima urgencia" el programa de apoyo.

El nuevo contenido de la ley entró en vigor el pasado 6 de diciembre e implícitamente llevaba la obligación de revisar en un plazo de seis meses todas las causas penales pendientes a esa fecha, que en la comunidad eran por entonces algo más de 35.000 (15.419 en la provincia de A Coruña, 10.724 en Pontevedra, 5.451 en Lugo y 3.561 en Ourense). Los fiscales ya han comenzado a examinar las causas pendientes, pero el plazo para ponerse al día es muy corto, ya que deben seguir atendiendo la guardias, señalamientos y otros servicios presenciales, y la plantilla es corta.

Así que una de las vías que se habilitó para acelerar el trabajo se comprobación fue el refuerzo de las distintas oficinas. "Con el objetivo de dar soporte a los fiscales en la tarea de revisión de los procedimientos y fruto de la colaboración institucional entre la Fiscalía y la Xunta, está prevista la autorización de un programa de actuación por objetivos para los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal o de Tramitación Procesal en cada una de las fiscalías provinciales o de área", recuerda el Ministerio público. Pero ya han transcurrido dos meses de los seis que disponen de plazo para realizar las evaluaciones sin que la Consellería de Presidencia -departamento del que dependen las competencias sobre justicia- haya enviado los refuerzos comprometidos.

"En este sentido, la Junta de fiscales acordó agilizar todos los mecanismos de coordinación con la Dirección Xeral de Xustiza para que el programa de apoyo a las fiscalías se pueda implementar con la máxima urgencia", informó ayer la Fiscalía de Galicia tras la reunión a la que acudieron los jefes provinciales de Pontevedra, Juan Carlos Aladro; de Lugo, Roberto Brezmes; y de Ourense, Florentino Delgado; junto con la teniente fiscal de la provincia de A Coruña, María Consolación Painceira; y los fiscales jefes de las áreas de Santiago, Mario Piñeiro; de Ferrol, Román Ruiz de Alarcón; y de Vigo, Susana García-Baquero,

Entre las novedades de la Ley de Enjuiciamiento Criminal figura con carácter general que las diligencias de instrucción se efectuarán en un plazo máximo de seis meses, tanto para los nuevos procedimientos incoados desde el 6 de diciembre como para los que estaban abiertos antes de esa fecha, salvo que el Ministerio fiscal declare que se trata de una instrucción "compleja", circunstancia que supondría ampliar el plazo hasta los 18 meses, prorrogable otro año y medio más. Con esta medida se intenta evitar que se eternicen determinadas causas en los juzgados, con instrucciones que duran años. Sería el caso de procesos como la Pokemon, Campeón, Carioca o Patos, operaciones todas ellas complejas y con decenas de imputados. Así que ahora hay que revisarlos todos para discernir los sencillos de los complejos e ir cerrando las causas.

Desde el principio, jueces y fiscales de toda España se opusieron a esta reforma por las prisas con que se aprobó y comenzó a aplicar, cargando de trabajo sus agendas sin respaldo de personal y con la preocupación, por los cortos plazos, de que determinados procesos complejos se acaben diluyendo.

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