La Xunta aprueba una ley exprés para desbloquear el urbanismo en Vigo

Feijóo calcula que la ampliación de terrenos para Citroën podría quedar autorizada en un plazo de "entre cuatro y seis meses"

12.02.2016 | 01:43
Caballero con el líder del PSdeG, ayer en un acto en Vigo.

La Xunta dio ayer el visto bueno al proyecto de ley de medidas en materia de proyectos públicos urgentes o de especial interés que permitirá desatascar infraestructuras clave para Vigo como la ampliación de las instalaciones de PSA Citröen, la estación intermodal o la Ciudad de la Justicia, que quedaron en suspenso tras la anulación del PXOM de 2008.

Tras fracasar el intento de modificar en el Parlamento la Lei do Solo debido al bloqueo de AGE, el Ejecutivo gallego impulsará esta ley exprés que tendrá un único artículo y será tramitada por la vía de urgencia en la Cámara autonómica con el objetivo de que se apruebe este mismo mes de febrero. Tras su entrada en vigor el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calcula que la tramitación para reactivar los proyectos paralizados podría demorarse entre cuatro y seis meses.

"Se trata de una respuesta ágil, responsable y que da seguridad jurídica", enfatizó Feijóo que espera que el proyecto de ley genere "el mayor consenso" en su debate parlamentario, si bien para su aprobación bastará con la mayoría absoluta del PP. La Xunta intentó ya encontrar una solución legal para desbloquear los proyectos estratégicos de Vigo introduciendo una enmienda en la Lei do Solo que aún estaba en tramitación en el Parlamento, pero para sacarla adelante requería el apoyo del resto de fuerzas y AGE se negó alegando que se abría la puerta "al urbanismo salvaje".

Esto obligó a la Xunta a activar su plan B solo 48 horas después de que el Parlamento aprobara la Lei do Solo sin incluir la enmienda propuesta para desbloquear el urbanismo de Vigo. Y Feijóo dejó claro que la ley exprés a la que ayer el Consello de la Xunta dio el visto bueno es "rigurosa" y no abre la puerta a "intereses especulativos y urbanísticos" puesto que solo afectará a proyectos estratégicos cuando el promotor sea una administración pública. Esto permitirá, por lo tanto, desbloquear la construcción de la estación intermodal y de la Ciudad de la Justicia. Pero también desatascará la ampliación de la factoría PSA Citröen, puesto que se hará sobre terrenos de la Zona Franca, que es una autoridad pública y actuará como promotor. La anulación del PXOM ponía en peligro la fabricación de nuevas furgonetas y la posibilidad de competir con otras plantas del grupo por la futura construcción de nuevos modelos, de manera que con esta ley exprés se garantiza que en un plazo no superior a seis meses se pueda resolver la necesidad de más terrenos de la factoría viguesa.

Esta ley de medidas urgentes no solo se usará para solucionar los problemas causados en Vigo por la anulación del PXOM sino que "blindará" proyectos estratégicos en toda la comunidad autónoma cuando no estén contemplados en los planeamientos urbanísticos o hayan quedado en suspenso tras anularse los planes de ordenación municipal.

Sin embargo, Feijóo enfatizó en que se hará con las máximas garantías. Así se garantizará la autonomía municipal puesto que se pedirá informe al concello afectado y su opinión será vinculante. El ayuntamiento podrá incluso acordar la suspensión de las obras en caso de que no se siga el procedimiento establecido. Además los proyectos se someterán a declaración de impacto ambiental. Y se respetarán las resoluciones judiciales puesto que la ley establecerá que simultáneo a la aprobación de estas infraestructuras estratégicas se deberá dar cumplimiento a las sentencias, lo que significa que es condición imprescindible que el Concello de Vigo haya iniciado los trámites para reformar su PXOM.

El procedimiento para tramitar estos proyectos estratégicos arrancará por iniciativa del promotor público. En el caso de Citröen, será la Zona Franca, que ultima ya la documentación que debe presentar. Deberá remitirla a la Consellería de Economía, que será la que deba justificar que se trata de una obra urgente o de interés público. Luego se dará traslado al Concello, que tendrá un plazo de diez días para emitir su informe. Si su postura es favorable el expediente se enviará a la Consellería de Medio Ambiente, con competencias en urbanismo, que pedirá si fuera el caso la declaración de impacto ambiental.El siguiente paso será el visto bueno de la Comisión Superior de Urbanismo y finalmente irá al Consello de la Xunta.

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