-Los juzgados gallegos empezaron el año con una carga de trabajo extra por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obligará a los fiscales a revisar y clasificar según su complejidad más de 35.000 causas. ¿A qué ritmo avanza esta auditoría?

-Desde hace mucho tiempo, el legislador español no se caracteriza por su mesura y contención. Uno de los parámetros fundamentales para medir un sistema nacional de Justicia es la calidad normativa. Es decir, no solo que la norma se haga bien sino que se haga con mesura. Ahora tenemos más de 100.000 normas funcionando, y eso hace difícil que el operador jurídico las conozca, las interrelacione y las sistematice. La parte positiva de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que se regula un mecanismo de manera que los atestados sin autor conocido se quedan en la Policía y eso nos permite dulcificar unos 35.000 asuntos que entran cada año. Pero luego hay un parte de difícil gestión que es la relativa a los plazos procesales: un procedimiento debe terminar a los seis meses, pero si a petición de Fiscalía se declara una causa compleja en temas como la Pokemon o la Patos, entonces hay 18 meses para instruir, que pueden ser prorrogables otros 18 meses y también con un plazo excepcional. Eso quiere decir que la Fiscalía tiene que adoptar una actitud muy activa en la revisión de esas más de 35.000 causas que tenemos en los juzgados de instrucción de toda Galicia.

-¿Con qué dificultades se están encontrando los fiscales en este proceso de revisión?

-Los medios tecnológicos son buenos pero todavía están en una fase expansiva, de forma que son aún insuficientes. La estimación de la Xunta es que en 2020 tengamos el expediente electrónico completo. La previsión es que en unos meses esté el llamado visor documental, que permitirá ver los documentos que hay en un juzgado y saber cómo está cada asunto. Este proceso de revisión se ha reforzado con dos fiscales sustitutos, uno en A Coruña y otro en Santiago, y tenemos un refuerzo de ocho funcionarios.

-¿Son suficientes esos medios o los fiscales no podrán revisar un número tan elevado de causas en tan poco tiempo con profundidad y rigor?

-Con los medios que tenemos, la labor del Ministerio Fiscal es de una dificultad extrema. Confío en que la colaboración de los letrados de la Administración de Justicia, los jueces y otros colectivos ayude. La lealtad constitucional del Ministerio Fiscal es absolutamente segura. Vamos a poner los medios necesarios, nuestra profesionalidad y calidad para que este proceso de revisión se lleve a buen término.

-Dos lecturas se han hecho de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una, que las instrucciones serán más ágiles y las causas no se eternizarán. Pero hay jueces y fiscales que ya advirtieron de los riesgos de que investigaciones de macrocausas como Gürtel, los ERE de Andalucía o el Gürtelcaso Urdangarin

-Ese riesgo existe. Pudiera ser que no diera tiempo a estudiar suficientemente una causa compleja. Tenemos que dejar un periodo de tiempo para ver cómo se desarrolla la nueva normativa. Podemos hacer frente a eso limitando a casi riesgo cero que las causas notables o complejas pudieran pasar desapercibidas.

-A algunos jueces les cuesta cerrar las instrucciones. ¿Hay jueces estrella en Galicia que con su desmesurado protagonismo dañan la credibilidad de la Justicia?

-No es bueno que haya ni jueces ni fiscales estrellas. Ahora bien, la función de un juez de instrucción es complicada. En macrocausas como las que están en Lugo, que se acercan a los 100.000 folios, lo mejor sería transferir la investigación al Ministerio Fiscal, porque nosotros desde un punto de vista jerárquico podemos dedicar más medios creando un equipo que gestione esa causa voluminosa y darle un desarrollo mejor. En cualquier caso, los jueces estrella es como lo que se decía antes en las críticas de los Oscar. ¿Cuál es la mejor música? La que uno no se entera que existe. Una vez te enteras a quién le dieron el Oscar empiezas a ver la película y dices: ¡Qué música más bonita! Y no es aquella que resalta excesivamente. Los protagonismos no son buenos.

-¿Un antídoto contra los jueces estrella?

-Desde la Fiscalía tenemos que tratar de ayudar a que esa gestión de instrucción se realice de la manera más eficiente posible. Los jueces tienen que separar en piezas los asuntos que tienen muchos folios. Por otro lado, hay que aplicar la lógica y el sentido común: si uno no tiene competencias sobre eso debe derivarse al juzgado competente.

-¿Se corre el riesgo de que macrocausas como Pokemon, Pikachu o PokemonPikachuPatos

-Efectivamente hay un riesgo que se va incrementado en la medida en que la causa es más voluminosa. En todo procedimiento penal hay una posibilidad de que se haga alguna actuación de manera incorrecta o que por cualquier razón sea anulado en otras instancias, por ejemplo cuando llega a juicio. Cuanto mayor es el volumen de una causa, hay una posibilidad real de que luego ocurra algo en el juicio oral o que la Audiencia anule determinadas actuaciones, ya ha sucedido en el caso de las multas de tráfico de Lugo. El riesgo existe: cuando se detecta alguna irregularidad puede dar lugar a una nulidad.

-¿Con cuántos condenados suelen acabar las macrocausas?

-En las causas con muchos acusados, un volumen considerable de folios, con periciales complejas y que hay que requerir a organismos internacionales, el riesgo del que hablábamos antes pudiera dar a lugar a que de tener entre 40 o 50 acusados finalmente se condene a diez.

-¿Surte efecto una condena que se dicta cinco años o incluso más de una década después de que se detecta el delito?

-La lentitud de la Justicia es otro de los parámetros relevantes. Asuntos como el Prestige, del que ya han pasado más de diez años y está pendiente de la ejecución de sentencia, afectan a la credibilidad de la Justicia, a la inversión, a los ciudadanos, a su seguridad, y en bloque a todo el sistema.

-Galicia registra un delito de corrupción cada dos días. ¿Es la comunidad gallega más corrupta que el resto del Estado?

-Galicia no es más corrupta que otras comunidades. Todavía no tenemos datos del año pasado, pero en 2014 el número de asuntos de corrupción incoados en Galicia aumentó más del 100% y más de un 200% los calificados. Hay casos de corrupción política, social y económica. En este último caso la percepción ciudadana no parece ser igual que con la política. Un artista o un deportista de alto nivel, parece ser comprendido de manera más tolerante por la sociedad que cualquier otro.

-Hay más casos de corrupción en España, y en concreto en Galicia, que en otros países, ¿porque se delinque más o debido a que se investiga más?

-Es una mezcla de todo. Por una lado, la sociedad está muy concienciada, y por otro, se va aprendiendo cómo luchar contra esa criminalidad. Hay una especie de totum revolutum en el sentido de que hay muchas acciones que entran dentro del concepto general de corrupción. Pero de esas, solo una parte son ilícitos penales. Quizás las menos. En ahí donde la Fiscalía puede desarrollar la represión. Todo lo que queda extramuros del Código Penal no nos corresponde. Podemos colaborar, hacer estudios e intervenir en lo que nos pidan, pero los asuntos como los que puede conocer el Consello de Contas fiscalizando una serie de actuaciones que realizan las administraciones locales y la Xunta, deben quedar al margen de lo propiamente penal.

-¿Qué le pareció el refuerzo del papel fiscalizador del Consello de Contas?

-Es una fórmula interesante para la lucha y la prevención en materia de corrupción. De esos casos, hay que dar un tiempo porque el Consello Contas funciona desde hace poco en esa materia, la mayoría se reconducirán a asuntos que no son ilícitos penales.

-Y los partidos políticos, ¿qué grado responsabilidad tienen a la hora de controlar y prevenir la corrupción?

-La Fiscalía no es un referente ético de la sociedad, más allá de la persecución de los ilícitos penales. Debemos mantener un principio de imparcialidad máximo y delimitación de competencias en asuntos que no nos corresponden. ¿Deben hacer códigos éticos los partidos políticos? Eso es una cuestión en la que no debemos intervenir, queda a su arbitrio, racionalidad y sentido común. Quizás desde el punto de vista como ciudadano, a mí me parecería bien; pero como fiscal, es un asunto ajeno a nosotros.

-¿Qué cambios ve prioritarios en materia de Justicia?

-Es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia y dotación presupuestaria. En materia penal, hay que transferir a los fiscales la instrucción, eso daría más posibilidad de gestión y nos equipararía a los países del entorno. En Justicia, no basta con hacer una reforma parcial sino que hay que reconstruir el edificio, actualizarlo, modernizarlo y dedicarle tres o cuatro años de un plan estratégico con mayor inversión y delimitar los modelos que tenemos.