El exdiputado y concejal del PP en Pazos de Borbén, Severino Reguera, asegura que no hay nada ilegal en el contrato de arrendamiento de dos bajos comerciales que firmó en su día con el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular provincial, Rafael Louzán, y la mujer de este. Así lo aseguró ayer ante el juez de Cambados que instruye una causa por presunto cohecho continuado en la que están siendo investigados los tres.

Al término de la declaración, Reguera manifestó que no existió sobreprecio alguno en el contrato de alquiler, que investiga el juez como un presunto pago de favores camuflado. "El local está bien situado, en una zona buena de Navia, y le da beneficios importantes a la empresa", alegó.

La causa se inició a finales de 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra recibió una denuncia anónima que aludía a un supuesto cohecho en el que se verían implicados Rafael Louzán y Reguera. Según esta denuncia, el segundo de ellos estaba pagando a Louzán y su mujer por el alquiler de dos bajos comerciales muy por encima del precio de mercado con la finalidad de satisfacer favores políticos.

El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados, y en marzo del año pasado se citó a los tres investigados. Pero en aquel momento todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar y así disponer de más tiempo para analizar la documentación.

Transcurridos los meses, la defensa de los tres implicados fue remitiendo a los juzgados diversa documentación, que sostiene que el coste del arrendamiento -unos 15 euros por metro cuadrado- no está en absoluto inflado, sino que es un precio habitual en esa zona de Vigo. Además, Severino Reguera solicitó declarar ante el juez para exponer su versión de los hechos investigados.

Esa declaración se produjo ayer y se prolongó durante más de una hora. El concejal relató al término de la vista que su empresa de panadería "tiene otros locales por los que pagamos cantidades muy similares a las de Vigo, pero siendo más pequeños y con instalaciones mucho peores". Como manifestó en su día Louzán, el edil plantea que la relación contractual entre ambos por estos locales comerciales es de ámbito exclusivamente personal, y que el precio fue fijado según el mercado.

Reguera niega que haya trato de favor alguno de Louzán hacia él. "Atribuyo la denuncia a que el presidente de la Diputación era una persona importante. No lo entiendo. ¿Qué beneficio saco yo con esto? Podría estar en la junta de gobierno de la Diputación, pero no estaba. Podía tener una dedicación exclusiva, pero tampoco la tenía", argumentó. También insistió en que ha pedido declarar ante el juez porque no tiene "nada que esconder".

Reguera hizo también mucho hincapié en su temor de que el actual proceso dañe a la empresa. "Es de mal gusto traernos hasta aquí porque la empresa pague unos alquileres", manifestó. El exdiputado cree que hay que estar "a favor de los empresarios", para propiciar "la creación de puestos de trabajo", y lamenta que una denuncia que según él carece de fundamento "ensucie" el nombre de una sociedad que da empleo a unas 60 personas.

Al término de la vista, el juez sustituto que ha cogido las riendas de la instrucción -es el segundo que lo hace, y presumiblemente pronto se designará un juez titular, por lo que será el tercero que conozca la causa- ha decidido que Reguera seguirá como investigado. En el caso de Louzán, que dejará en marzo la presidencia del PP de Pontevedra, también tendrá que declarar en Cambados, aunque por el momento no hay fecha fijada. Donde sí declarará Louzán hoy es en los juzgados de Vigo, y lo hará en el marco de la Patos, una de las operaciones contra la corrupción más recientes en Galicia.