La revisión catastral tendría un impacto colateral, según UUAA, a la hora de acceder a becas de estudios. Denuncian que los hijos de agricultores y ganaderos tendrán más dificultades para demandar estas ayudas porque el "catastrazo" creará un patrimonio ficticio que impedirá a algunos de los solicitantes cumplir uno de los umbrales patrimoniales que fija el Ministerio de Educación. Esta norma recoge que las sumas de los valores catastrales de las fincas rústicas de la familia dividido entre el número de miembros no puede superar los 13.130 euros por cada uno. "Al aflorar los valores de naves y galpones asociados a la actividad agraria se infla ese patrimonio y suponen un lastre para acceder a las becas a pesar de que en la realidad la actividad en el campo apenas deja beneficios a las familias", insiste Jacobo Feijóo.

Por otra parte, en el caso de las viviendas en el rural por las que se paga el IBI urbano, el sindicato avisa a los afectados de que si no han comunicado las ampliaciones o nuevas construcciones se les enviará una carta en la que se le exige el pago de 60 euros por cada instalación no declarada. Pero esa no es la cuantía del IBI. Unións aclara que el pago puede alcanzar los 300 euros y debido a que en el primer recibo se pueden reclamar los atrasos de los últimos cuatro años la cifra en algunos casos alcanzaría los 1.000 euros.