Louzán declara el lunes como investigado por un delito de cohecho

El juez investiga el presunto sobreprecio en el alquiler de unos bajos de su propiedad

20.02.2016 | 01:09

El magistrado del Juzgado de Instrucción número dos de Cambados ha citado a declarar el lunes en calidad de investigado al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán en relación a un supuesto delito de cohecho por sobrecobro en los alquileres de unos bajos de su propiedad.

Así lo comunicaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que concretaron que el juez ha acordado la citación para las 16.00 horas después de que solicitase ser llamado a declarar el propio Louzán, quien también es investigado en el marco de la operación Patos.

En la causa de Cambados se mantienen como investigados -anteriormente imputados- además del expresidente provincial, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, todos por un delito de cohecho por posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos en el barrio vigués de Navia.

El TSXG confirmó en su día que la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán y su esposa, María Teresa C.F., es por cohecho continuado, mientras que en el caso de Reguera, quien también es empresario que cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, es por cohecho impropio continuado.

En marzo del pasado año, los tres fueron citados para comparecer ante el juez que instruye el caso, si bien se acogieron al derecho a no declarar. En aquel momento, tanto la Fiscalía como los abogados defensores expusieron sus respectivos argumentos, tras lo que el magistrado acordó continuar el procedimiento por la Ley del Jurado, al tiempo solicitó nueva documentación.

Esta misma semana, Severino Reguera prestó declaración ante el juez y después ante los medios vinculó el ser denunciado por cohecho a que "el propietario de los locales era el presidente de la Diputación". Así, afirmó que la operación de alquiler es legal y no responde más que al interés del arrendador y de la empresa arrendataria y defendió que no hay detrás ningún tipo de favores.

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