La revisión catastral obligará a tributar por un millón de establos y galpones en el rural

Más de 78.000 ganaderos deberán abonar el IBI rústico por sus explotaciones. Los sindicatos calculan que la recaudación de los concellos se multiplicará por diez. Hay casi un millón de inmuebles de este tipo

21.02.2016 | 17:59
Vista de un establo para guardar animales en un núcleo rural.

Granjas, galpones, establos, invernaderos... Son algunas de las instalaciones agrarias que más abundan en los 30.000 núcleos rurales repartidos por toda Galicia. Serán casi un millón de inmuebles de este tipo -unos 30 por aldea- los afectados por la revisión del catastro con el plan de regularización extraordinaria de Hacienda. Inspectores del departamento estatal ya han identificado en la mitad de ayuntamientos gallegos estas construcciones que hasta ahora estaban exentas de pagar el IBI rústico. El sector agroganadero calcula que el "catastrazo" permitirá a los concellos multiplicar por diez sus ingresos por esta tasa

El Ministerio de Hacienda no solo peina los ayuntamientos gallegos en busca de nuevas construcciones o ampliaciones de viviendas que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La revisión puesta en marcha en Galicia por parte de la Dirección General del Catastro en septiembre de 2013 obliga además al pago de la contribución rústica por granjas, establos, naves, galpones o invernaderos que hasta ahora estaban exentos, ya que solo tributaban las fincas. Los técnicos del Gobierno central ya han rastreado e identificado este tipo de instalaciones en 165 concellos gallegos -54 en A Coruña, 42 en Lugo, 39 en Ourense y 30 en Pontevedra- pero la mitad de los municipios gallegos tienen todavía de margen hasta este año y algunos incluso el próximo -si se prorroga el plazo- para acogerse al plan de regularización extraordinaria 2013-2016 puesto en marcha por Hacienda.

Desde Unións Agrarias (UUAA) cuantifican que este proceso, al que definen como "catastrazo", permitirá que afloren casi un millón de instalaciones agrarias ocultas si se tiene en cuenta -señalan- que en Galicia existen más de 30.000 núcleos de población y en cada uno hay de media una treintena de naves o galpones.

Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Los concellos que tuvieron que acogerse al rescate de Hacienda y están sometidos a un plan de ajuste de tres años o a un plan de estabilización financiera de un año no tendrán margen para rebajar la cuota y deberán aplicar la máxima, al igual que las Administraciones locales endeudadas o que recurrieron a fondos del Estado en los planes anteriores.

Unións Agrarias cifra, por ejemplo, que en la provincia de A Coruña la recaudación del IBI por catastro rústico alcanza en la actualidad los 8,5 millones de euros y en Lugo los 2,8 millones, si bien en ambos casos apenas suponen el 1% del IBI total porque la mayor parte corresponde a lo que se ingresa por el pago de la urbana. Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral multiplicaría por 10 los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica. El sindicato pone como ejemplo el caso de un establo valorado en 100.000 euros que hasta ahora no pagaba nada por esta instalación. Con la regularización su propietario pasaría a pagar unos 900 euros al año si se aplicase la tasa máxima y 300 con la mínima.

El responsable de Desenvolvemento Rural de UUAA, Jacobo Feijóo, exige a los ayuntamientos que fijen esta última para aminorar el impacto sobre las explotaciones de leche y carne que sufren su crisis más grave de los últimos años. Con este fin proponen además que los concellos apliquen bonificaciones de hasta el 90% que permite la ley para explotaciones en activo -más de 78.000 en Galicia- destinadas a generar beneficios y empleo en el rural. En el ejemplo anterior, con la tasa del 0,3% y una subvención del 90% el dueño del establo pagaría 30 euros al año.

El colectivo pide a los propietarios que revisen que tasa aplica su ayuntamiento y que estén atentos además a que la catalogación de las naves para uso agrario se realice de forma correcta porque -advierten- en algunos casos se clasifican como almacenes de uso urbano, por lo que no se podrían pedir bonificaciones. Para informar del proceso celebrarán charlas en las cuatro provincias y enviarán sus reivindicaciones a la Xunta y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, explica que será cada ayuntamiento el que decida qué tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran. "Si una granja tiene una crisis tremenda habrá que estudiar el caso y ver las posibles bonificaciones", explica el también alcalde de O Barco.

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