La Xunta se ha propuesto erradicar la política municipal del vai facendo. Bien por cambio de mentalidad, o bien por la amenaza de sanción, en 2015 el número de multas coercitivas disminuyó. Un total de 520 sanciones frente a las 550 del año anterior y las 586 de 2013 -ejercicio que contabilizó el mayor número-. El importe total de las multas del año pasado ascendió a 600.000 euros.
El director de la APLU destacó que un 75% de los concellos ya han sido inspeccionados por la agencia de forma exhaustiva, aunque aún queda un 25% pendiente de analizar, especialmente en zonas rurales. Durante la presentación del balance, Cerdeira destacó que la agencia tiene como misión intentar que cada vez haya "menos ilegalidades" en el ámbito de la construcción, aunque señaló que si bien la entidad tiene medios "limitados", hay un "cambio de mentalidad " en los municipios a favor de colaborar con este organismo. El año pasado, la APLU inició un 41% de los expedientes relacionados con ilegalidades urbanísticas, otro 23% fue obra de particulares, un 22 % de municipios, un 10% del servicio de Costas del Gobierno central y el 4% de otras autoridades. La agencia tiene competencia sobre el territorio gallego para controlar zonas de suelo rústico o servidumbres de protección, pero no en zonas urbanas o dependientes de municipios, salvo un compromiso con el ayuntamiento.
