Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, se convirtió ayer en la primera persona declarada "non grata" en Pontevedra, ciudad en la que el dirigente popular creció y comenzó su carrera política. Se acordó con los votos del BNG, PSOE y Marea, en un tenso y pleno municipal atestado de partidarios y detractores del PP y de la fábrica de Ence, cuya prórroga de la concesión por 60 años más, hasta 2073, fue el detonante de este reprobación, contra la que se pronunciaron la concejala de Ciudadanos (C's) María Rey y el PP, si bien sus siete ediles se ausentaron de la sesión en el momento de la votación "para no participar en esta parodia".

Esta declaración, que convirtió ayer a Pontevedra en trending topic en las redes sociales, mostró la factura social que se vive en la ciudad en torno a Ence. El debate sobre Rajoy se mezcló con la polémica sobre la prórroga de la factoría, defendida por el PP y C's por garantizar el empleo, y rechazada por los otros tres grupos por ser una "cadena perpetua de destrucción de la ría". Desde al menos una hora antes del inicio de la sesión, se concentraban a las puertas del Teatro Principal miembros de la plantilla de la factoría de Lourizán e integrantes de la Asociación pola Defensa de Ría, numerosos dirigentes y militantes del PP con carteles de apoyo a Rajoy y detractores de la empresa, junto con curiosos y vecinos en general, que llenaron el patio de butacas, en medio de una gran expectación mediática, con innumerables medios de comunicación acreditados.

Tras un primer intercambio de consignas antes del inicio de la sesión, los gritos comenzaron con la primera intervención, la del portavoz del PSOE, Agustín Fernández, firmante de una de las propuestas contra el presidente del Gobierno. El alcalde, Miguel Fernández Lores, reclamó "respeto y silencio" pero tuvo que suspender 15 minutos la sesión. Pero con la intervención siguiente, la de Luis Rei (Marea) se repitió la situación y volvió a acordarse un receso. Esta sucesión de interrupciones y abucheos fue interpretado por el alcalde, Miguel Fernández Lores, como una "maniobra de Ence para provocar y violentar" y advirtió a la compañía de que no va a conseguir callarles.

PSOE y Marea, acudían a la sesión con iniciativas similares para declarar a Rajoy "persona non grata", pero se fundieron en una única, aprobada por los cinco votos de ambos grupos y los 12 del BNG, y un único pronunciamiento en contra, el de María Rey, ante la marcha del PP. Tanto socialistas como Marea y el propio Gobierno local insistieron en que esta declaración es "simbólica" pero "sirve para reprochar al presidente del Gobierno que regale el uso de unos terrenos públicos a una empresa privada por 60 años más", según el socialista Agustín Fernández, quien denunció que un Gobierno en funciones y "con alevosía", aprobó una prórroga "con un presidente que es vecino de Pontevedra, conocedor del deterioro y rechazo social que genera". "No se trata de alguien de Albacete, sino de aquí, que sabe cómo está la situación y pese a ello actuó contra sus vecinos, con traición y desprecio hacia ellos", insistió.

Por su parte Luis Rei, portavoz de Marea, sostiene que esa prórroga hizo que Rajoy "se haya ganado a pulso nuestro repudio" y aseguró que cuando Rajoy vuelva a Pontevedra "le seguirán esperando en el baile de la Peregrina y en el palco de la plaza de toros mientras el humo de Ence castiga a los ciudadano sesenta años más".

Carmen da Silva, que actuó como portavoz del BNG en este asunto, dejó claro que "las movilizaciones no se van a callar nunca" y reprochó al PP local que no aconsejara al Gobierno dejar en suspenso la aplicación de la concesión. Ante los reproches del PP sobre la mancha que este caso puede causar a la imagen de la ciudad, la edil nacionalista insistió en que Pontevedra es "un municipio amable, algo que no puede decir el PP cuando modificó la Ley de Costas y, con un Gobierno en funciones, condena a la ría y a los pontevedreses a 60 años más de destrucción con una prórroga que incluso le dio vergüenza anunciar y lo hizo la propia empresa".

Desde el otro lado de la barrera, Jacobo Moreira (PP) y María Rey (Ciudadanos) coincidieron en señalar que este acuerdo es "una pérdida de tiempo en un asunto que no resuelven ningún problema a los ciudadanos" y subrayaron la "falta de respeto" que supone y la "mala imagen" que implica esta declaración para Pontevedra en toda España. Moreira apeló al "pontevedresismo" para defender la "hospitalidad y concordia" de la ciudad, mientras que María Rey quiso dejar claro que su "no" a la declaración de "persona non grata" no significa "un no a la corrupción" en el PP, pero si representa un "no al revanchismo político".

Rey aprovechó la división que se plasmó en la asistencia del público al pleno municipal para preguntar a BNG, Marea y PSOE: "¿con qué derecho os creéis para decidir en nombre de todos los pontevedreses?". La concejal de Ciudadanos chó mano de las redes sociales para leer algunos mensajes de personas que se oponían al acuerdo municipal de ayer.