La Xunta de Galicia ha incrementado su deuda con los proveedores un 64 por ciento en seis meses, aumentando desde los 362 millones de euros que tenía pendiente de deuda comercial en mayo de 2015 a los más de 600 millones de euros de noviembre de 2015, según recoge un informe de la Asociación de Autónomos de Galicia (ATA).

En rueda de prensa, el presidente de ATA Galicia, Rafael Granados, y Álvaro Viqueira, coordinador de Proyectos de la asociación, han presentado el informe que recoge datos de mayo a noviembre de 2015 sobre la morosidad de Xunta, diputaciones provinciales y ayuntamientos gallegos -los de las capitales de provincia, además de los consistorios de Vigo y Santiago de Compostela-.

El informe de esta asociación, que utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo, recoge que las administraciones públicas en Galicia pagan -con datos a finales de noviembre- las facturas que mantienen con sus proveedores en una media de 64 días, 22 días por debajo de la media nacional.

Según los datos que maneja ATA, el periodo medio de pago de las diputaciones se situaría en 43 días y 54 en los ayuntamientos. La Xunta, por su parte, incrementaría en 13 días el periodo medio de pago, pagando en una media de 60 días, periodo que se ha incrementado desde los 47 días en los que pagaba en mayo de 2015.

Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra sí cumplen con la Ley de Morosidad pagando en 23 y 25 días, respectivamente. Por su parte, el organismo provincial de Lugo es el único que ha incrementado los plazos de demora. Ha pasado, así, de pagar en algo más de dos meses a casi en tres (de 67 días en mayo de 2015 a 82 en noviembre de 2015).

La diputación de Ourense es la que más ha recortado los plazos de pago con sus proveedores, restando 11 días a la espera hasta los 44 días de media. Sin embargo sigue sin cumplir la Ley de Morosidad que establece 30 días de plazo.

Vigo y Pontevedra, los que "mejor" pagan

En cuanto a los ayuntamientos gallegos, los de Vigo y Pontevedra son los que "mejor pagan" a sus proveedores. Así, el consistorio de la capital olívica paga en 23 días, mientras que la ciudad del Lérez lo hace en 29. Además, Pontevedra sí reduce su deuda comercial con proveedores, no ocurre lo mismo en Vigo.

Frente a esto, los ayuntamientos de A Coruña y Lugo han incrementado la media de pago a proveedores en 24 y 7 días, respectivamente. En el ayuntamiento de A Coruña los plazos medios de pago suben hasta los 77 días en noviembre de 2015, 24 más que en mayo aunque se ha reducido la cantidad de deuda en más 2,5 millones de euros.

El ayuntamiento de Lugo paga en 60 días de media, una semana más tarde que en mayo de 2015, y ha incrementado la deuda comercial a todo tipo de empresas un 13,4%.

Deuda contraída

En cuanto a la deuda contraída con sus proveedores, ATA ha señalado que la Xunta ha aumentado su deuda un 64 por ciento en ese periodo de seis meses, al pasar de los algo más de 300 millones de euros que adeudaba en mayo a los 600 millones del mes de noviembre.

Viqueira, que ha indicado que la deuda de la Xunta con sus proveedores se calcula de manera global, ha puntualizado que "la mayoría" de los organismos dependientes de la administración gallega sí cumplen con el periodo de pago, pero hay otros que no lo hacen, lo que eleva el montante global que está pendiente de pago.

Además, tomando como referencia los datos del mes de noviembre, las diputaciones provinciales tendrían 12 millones de euros pendientes de pago, mientras que los ayuntamientos tendrían por pagar 50 millones.

Aunque ATA reconoce el "esfuerzo" de las administraciones públicas para reducir la deuda y el periodo medio de pago, reclama el cumplimiento de la Ley de Morosidad y propone que, al igual que le sucede a los autónomos cuando se retrasan en su pagos, la administración publica también tenga que asumir un "recargo", ha comentado el presidente de ATA Galicia.

Piden, además, que haya inspectores que controlen la morosidad de las administraciones públicas. "Hay que ser consciente de que si hay una ley, hay que cumplirla", señala Granados.