Cientos de familias con rentas bajas esperan desde hace meses el pago de las ayudas al alquiler convocadas por el Ministerio de Fomento y que son gestionadas desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Tras las quejas de los beneficiarios afectados tras el verano, la Xunta se comprometió a zanjar todos los abonos pendientes a mediados del pasado mes de diciembre. Todavía hoy, las peticiones sin resolver se acumulan en los despachos de la Administración autonómica. En total, ya son más de ocho meses de retraso en el pago de estas subvenciones. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda reconoce que hubo "pequeño parón" en el abono de las ayudas al alquiler el año pasado "motivado por el cierre del ejercicio presupuestario de 2015 y el inicio del ejercicio 2016". "Parte de ellas ya están pagadas y el resto se están pagando", exponen desde el departamento que dirige Ethel Vázquez aunque no detallan el número de beneficiarios que todavía no han cobrado. Todas las pendientes del año pasado, según aseguran, estarán abonadas en un mes.

Los primeros pagos de estas subvenciones, que contaban con un presupuesto total de 3,5 millones de euros y la previsión de cubrir las necesidades de 2.600 personas, comenzaron a efectuarse en octubre pasado arrastrando ya cuatro meses de retraso. Entonces, se abonaron las primeras 400 subvenciones, unas ayudas que aunque son financiadas por el Ministerio de Fomento las gestiona la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Cientos de familias gallegas siguen todavía hoy, con ocho meses de demora, a la espera de que la Xunta le ingrese estas subvenciones. "Somos muchos los que todavía no cobramos un duro", advierte un afectado.

"Las ayudas están todas resueltas y comunicadas", aseguran desde el Ejecutivo autonómico, al tiempo que garantizan que en un mes estarán todos los atrasos pendientes del año pasado abonados, salvo "retrasos en el envío de documentación por parte de los beneficiarios". Detrás de este "pequeño parón en el ritmo de pagos", alegan desde Vivenda, está el cierre del ejercicio presupuestario 2015 y el inicio del ejercicio 2016.

Falta de documentación

El proceso fue más lento de lo esperado desde el primer momento. El plazo para solicitar estas subvenciones finalizó el 19 de febrero del año pasado. A partir de esa fecha, la Xunta disponía de tres meses para resolver la convocatoria y publicar el listado de beneficiarios. Pero no fue hasta otoño cuando se realizaron los primeras notificaciones positiva. Durante más de cuatro meses desde el calendario previstos, las familias con rentas bajas que dependían de estas ayudas para abonar el alquiler no tuvieron noticia alguna de si podían contar o no con ellas para hacer frente al pago de su vivienda.

Detrás de esta demora, según apuntaron entonces desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo, está el alto número de peticiones -más de 15.000 pese a que las ayudas previstas eran tan solo para unas 2.600 familias- y también el hecho de que el 90% de las solicitudes recibidas estaban incompletas, lo que obligó a la Xunta, para ajustarse a los requerimientos fijados por el Gobierno central, a reenviar requerimientos a los interesados para que les remitieran la documentación pendiente.

Los afectados sin embargo advirtieron de que la mayoría de las solicitudes fueron cubiertas por los propios trabajadores de servicios sociales atendiendo a los requisitos fijados, por lo que no entendían que se justificase esta demora alegando falta de documentación.

En la recta final de año, se volvió a producir una nueva queja de los afectados, ya que a finales de noviembre tan solo habían cobrado estas ayudas poco más de 1.500 familias. Entonces, Vivenda preveía entonces que a mediados de diciembre ya estuviesen todos los pagos efectuados. Según el Plan Estatal de Vivienda, estas subvenciones deben concederse por concurrencia competitiva. Es decir, valorando el total de solicitudes y concediendo primero la subvención a quienes acrediten necesitarlo más de entre las 15.000 peticiones presentadas.