La Xunta pide al Gobierno central que naves y galpones no computen para pedir becas

Medio Rural y Educación reclaman una "excepción" en los baremos del patrimonio para las ayudas a estudios porque supone un "claro perjuicio" a los alumnos del rural

02.03.2016 | 14:29
Imagen de un galpón en la localidad coruñesa de Arteixo.

Claves

  • Catastro. Dentro del plan de revisión catastral emprendido por Hacienda están aflorando innmuebles ocultos como galpones, naves o granjas que hasta ahora no pagaban IBI
  • Impacto en el rural. Los sindicatos agrarios calculan que en la comunidad gallega hay casi un millón de galpones, naves, cobertizos y granjas que tendrán que empezar a tributar
  • Ayudas al estudio. Al aflorar estas construcciones agrícolas y ganaderas computan como patrimonio y muchas familias superarían así el límite para obtener becas para sus hijos

Tener un cobertizo, un establo o una palleira es motivo denegación de una beca de estudios por parte del Ministerio de Educación. Galicia, según estimaciones de los sindicatos agrarios, es el país del millón de galpones: al menos 900.000 repartidos por toda la geografía gallega. El hecho de que estas edificaciones computen como segunda vivienda a la hora de pedir una bolsa de apoyo a los estudios engrosa el patrimonio familiar dando así al traste de miles de solicitudes de becas. Para tratar de evitar un "claro perjuicio" para los estudiantes procedentes de familias del rural, la Xunta ha decidido enviar una carta al Gobierno central para que "haga una excepción" y que las construcciones agrícolas y ganaderas propiedad de la familia del alumno no computen para pedir becas.

Así lo acordaron durante una reunión mantenida ayer los conselleiros de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y de Medio Rural, Román Rodríguez y Ángeles Vázquez, respectivamente, después de que en el marco del plan de inspección de Hacienda 2013-2016 y de la revisión catastral finalizada ya en 90 concellos, este tipo de construcciones pasen a pagar el IBI del que hasta ahora estaban exentas. En la carta que remitirán a Ministerio de Educación, el Ejecutivo gallego pedirá que edificaciones como galpones, naves, establos, cobertizos o granjas no computen como segunda vivienda.

Los sindicatos agrarios denunciaron hace ya semanas esta situación, advirtiendo de que los hijos de agricultores y ganaderos tendrán más dificultades para demandar estas ayudas porque se crea un patrimonio ficticio que impide cumplir uno de los umbrales patrimoniales que fija el Ministerio de Educación. Esta norma recoge que las sumas de los valores catastrales de las fincas rústicas de la familia divididas entre el número de miembros no puede superar los 13.130 euros por cada uno. Unións Agrarias denuncia que al aflorar los valores de naves y galpones asociados a la actividad agraria se infla ese patrimonio y eso supone "un lastre" para acceder a las becas "a pesar de que en la realidad la actividad en el campo apenas deja beneficios a las familias".

El Gobierno gallego entiende que la consideración de galpones, cobertizos y naves como computables en el patrimonio familiar a la hora de baremar la puntuación para obtener becas como la del Ministerio de Educación supone un "claro perjuicio" para los estudiantes del rural, especialmente en aquellas familias dedicadas a la actividad ganadera y para las que posean este tipo de construcción en suelo urbano. En estos casos, las construcciones agrícolas o ganaderas computan como segunda vivienda. Por ello, los conselleiros de Medio Rural y de Educación concluyen que teniendo en cuenta que el ganadero y agrícola es uno de los "sectores básicos" de la economía gallega, "es necesario llamar la atención del Gobierno central sobra la necesidad de hacer una excepción en el caso específico de este colectivo a la hora de percibir ayudas".

Desde la Xunta reiteran la necesidad de apoyar a estas familias "en el difícil momento por el que atraviesa el sector", aunque según apuntan, "en vías de solución".

La carta que enviarán desde la Xunta al Ministerio de Educación se produce días después de que el Catastro concluyese la inspección de bienes ocultos en un total de 90 ayuntamientos gallegos. Con este rastreo, con el que Hacienda pretende hacer aflorar edificaciones o reformas por las que sus propietarios ahora no tributan, se prevé sacar a la luz casi un millón de construcciones agrícolas y ganaderas en la comunidad, según estimaciones de UUAA. Los sindicatos agrarios calculan que la recaudación de los concellos se multiplicará por diez con el cobro del IBI al que ahora están obligados también establos, galpones, invernaderos y granjas.

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