El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recibió ayer un golpe definitivo a sus aspiraciones políticas de la mano de la juez Pilar de Lara, que le atribuyó seis nuevos delitos de corrupción. En consecuencia ante la nueva situación judicial, el líder de los socialistas gallegos comunicará hoy a la ejecutiva del partido, convocada a una reunión de urgencia, que renuncia a su candidatura a la Presidencia de la Xunta.
La magistrada lucense, que ya le había imputado cuatro delitos por el caso Garañón, ha sumado seis más, en esta ocasión por la operación Pulpo con epicentro en la Diputación de Lugo y en su programa Kilómetro 0 de promoción de enclaves naturales en la provincia con fondos europeos. La instructora de la investigación, que también dirige la Pokemon, sostiene que se pudieron cometer desvíos de fondos públicos a fines distintos a los reglados, manipulación de concursos, adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinas empresas -singularmente al grupo Monbus-, concesión fraudulenta de subvenciones y "gastos sociales" destinados al personal de dudosa legalidad, como viajes a Eurodisney o la India, gafas de sol o cirugía láser para corregir la miopía. Junto con Besteiro, la juez investiga -el término que ahora sustituye al de imputar- a otras seis personas, cinco de ellas funcionarios o extrabajadores de la Diputación y el dueño de Monbus, Raúl López, que ya estaba bajo el foco judicial por la operación Cóndor por la que fue detenido hace un año.
El líder los socialistas gallegos, tras lamentar "la inadmisible indefensión" a la que está expuesto por desconocer los motivos de la imputación, convocó para hoy una reunión de urgencia de la ejecutiva con el objeto de dar explicaciones por su situación judicial. Según pudo saber este periódico, Besteiro comunicará su renuncia a ser el candidato a la Xunta, aunque pretende conservar la Secretaría xeral. A media tarde de ayer, al menos esta decisión era la que tenía más madura y así se la comunicó a su entorno más próximo. Diversos dirigentes socialistas sostienen que la nueva actuación de De Lara supone una carga demasiado pesada para poder mantener sus aspiraciones y que la opción más lógica es que se eche a un lado, "dado que ahora sí que no hay otra salida".
La nueva imputación de Besteiro se produce menos de 24 horas después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le escenificara su respaldo en un acto celebrado en A Coruña. Pero ayer se encontró con un mazazo que da al traste con su hoja de ruta. La juez De Lara lo citó declarar en calidad de investigado el día 11 de mayo y le atribuye la comisión de seis delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.
En el mismo auto, la magistrada imputa a otras seis personas, entre los que figuran colaboradores directos de Besteiro. Entre todos, las atribuciones suman 34 supuestos delitos. Junto con el líder de los socialistas gallegos, el que más imputaciones acapara es el ex secretario adjunto de la Diputación y actual secretario del Concello de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro. La juez le achaca la autoría de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a a las administraciones públicas, fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada.
También están investigados el jefe de Protocolo de la Diputación (5 delitos), la interventora (4), un asesor de fondos europeos (4), la directora de Comunicación (4), a la que De Lara considera una "pieza clave" por el poder que tenía dentro de la Diputación, muy por encima de su cargo nominal. Al empresario Raúl López le atribuye cinco delitos, pues sus empresas de transporte, según el auto, se habrían beneficiado de forma irregular de la mayoría de los contratos del programa Kilómetro 0, por más de 800.000 euros, y de subvenciones fraudulentas para su equipo Breogán de Baloncesto por casi siete millones de euros. A cambio, Besteiro habría obtenido de Raúl López "artículo de lujo de elevado importe".
La juez asegura que en el "entramado" fraudulento además de Besteiro participó un elevado número de autoridades y funcionarios que de forma coordinada y continua "podrían haber perpetrado un cúmulo de irregularidades" sin que los encargados de velar por la legalidad y fiscalización y contabilidad cumplieran con su misión.
De Lara pone en duda hasta la legalidad de la creación del Kilómetro 0, un plan del que dice siguió una gestión "absolutamente arbitraria de los fondos", lo que propició adjudicaciones ilíticas, fraude en las subvenciones o manipulación de concursos públicos.
A la juez le llama la atención de la partida de "gastos sociales" por su dudosa legalidad, ya que se podrían haber utilizado, según el auto, para pagar viajes y vacaciones de los empleados en Eurodisney, Argentina, la India o Ámsterdam, además de gafas, prótesis, acupuntura, ortodoncia, cirugía láser ocular y hasta un DIU.
