Las comunidades de montes se han movilizado para que la Xunta les condone la deuda. Alegan que no gestionó correctamente el monte cuando se firmaron los anteriores convenios y que hay errores en las cuentas que les imputan. Por esa razón, no quieren suscribir ahora nuevos contratos para ceder los terrenos a la Administración. Temen que al final serán empresas privadas quienes se hagan cargo.

-¿Qué cantidades son las que se adeudan?

-En algunas comunidades de montes, hasta 300.000 euros.

-¿Han intentado negociar con la Xunta la condonación de estas deudas?

-Ya ganamos una batalla porque la Lei de Montes decía que la fecha para pagar la deuda era 2016 y conseguimos una moratoria hasta 2018. Además la ley estatal de Montes sí contempla que se puedan condonar estas deudas, aunque deja la última palabra en manos de las comunidades. Durante este año en la Xunta nos dijeron que nos íbamos a reunir para analizar una por una cada deuda para analizar si son correctas. Pero no hemos vuelto a tener noticias.

-¿Por qué creen que la deuda no es correcta?

-Detectamos errores en las cuentas que nos entregaron. Aparecen trabajos que, según las comunidades de montes, nunca llegaron a hacerse. En algunos casos, se recibieron ayudas europeas pero la Xunta computa como gasto todo el importe, sin descontar esa subvención.

-¿Por qué están en contra de los contratos de gestión temporal que ofrece la Xunta a partir de 2018?

-En los anteriores convenios vimos que estábamos ante un mal gestor que gastó más de lo que ingresó. La Lei de Montes señala que la gestión de estos contratos la podrá hacer la Administración o cederla a terceras personas. Lo que va a pasar es que se la entreguen a empresas forestales que apostarán por el monocultivo y las especies de crecimiento rápido. Va por el camino de la privatización del monte vecinal.