Todos los grupos políticos representados en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han escenificado este miércoles su acuerdo en torno a la necesidad de reformar la Ley de bases del régimen local, modificada por el Gobierno del PP la pasada legislatura y que ya cuenta con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula varios de sus preceptos.

Para ello, en rueda de prensa, han anunciado la creación de una comisión de análisis que fije la posición del municipalismo gallego de cara a la nueva reforma local, compuesta tanto por regidores de todas las formaciones políticas como por técnicos y expertos en la materia.

En este órgano, en palabras del presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, los expertos trabajará con "la máxima libertad" para que se pueda redactar "el mejor documento posible" de conclusiones. El objetivo es buscar "un punto de encuentro" entre la visión de los técnicos y los teóricos y la de los alcaldes, que conocen "el alcance de la problemática de sus vecinos".

Y es que, como ha recalcado el también primer edil de O Barco de Valdeorras (Ourense), los alcaldes "no" tienen "problemas" debido a la falta de fondos, sino que "los tienen los vecinos" que se ven afectados por la falta de servicios o las deficiencias en su prestación.

Así las cosas, sin "presupuestos de partida", el objetivo de la comisión es contar con su informe sobre la postura del municipalismo gallego ante esa eventual nueva ley al final del primer semestre de este año. "Queremos estar ahí cuando llegue (la reforma normativa) teniendo claro lo que queremos", ha manifestado García, mientras que su vicepresidente, el popular Alfonso Villares, ha agregado que se trata de "anticiparse al futuro".

Atender las peculiaridades de Galicia

El presidente de la Fegamp ha augurado que al fallo del TC conocido la semana pasada le seguirán "otros" que dejarán la reforma local "prácticamente inoperativa", pues hay distintos recursos planteados, y ha incidido en que los ayuntamientos deben tener claro qué competencias van a prestar y cómo se van a financiar.

"Hay que dejarse de competencias propias e impropias", ha enfatizado, y ha recalcado que "tiene que cambiar" que los ayuntamientos gallegos estén "a la cola" en la financiación por habitante del Estado. Con él ha coincidido el alcalde de Sada, Benito Portela, portavoz a propuesta de las 'mareas' en el ente municipalista, quien ha puesto el foco en la "discriminación" de Galicia en los fondos estatales.

Al hilo de ello, Alfonso Villares, regidor de Cervo, ha hecho hincapié en que se deben tener en cuenta las "peculiaridades" de la comunidad, entre las que ha citado el envejecimiento y la dispersión poblacional. "Hay muchos núcleos rurales pequeños a los que hay que dar servicio", ha remarcado.

Sobre estos dos asuntos, como ha dicho el primer edil de Carballo, Evencio Ferrero (BNG), ya se han quejado en multitud de ocasiones todos los representantes municipales gallegos, de modo que ahora --a juicio del también vicepresidente segundo de la Fegamp-- "es absolutamente necesario" elaborar "una profunda reflexión técnica y política" sobre una nueva reforma local que reparta de forma "equitativa" los recursos que "son de todos".

Adicionalmente, el vicepresidente ejecutivo, Manuel Mirás Franqueira (PSOE), alcalde de Oroso (A Coruña), ha apoyado que los ayuntamientos no pueden seguir siendo "la administración pobre y marginada" debido a la "precaria" financiación estatal.

Incidencia en Galicia de la reforma local

"Tenemos que estar todas (las administraciones estatal, autonómica y municipal) a la misma altura", ha concordado Alfredo García, para criticar a renglón seguido la incidencia en Galicia de la reforma local vigente.

En este sentido, ha recordado que afecta fundamentalmente a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, que en esta comunidad son 292 de los 314 totales.

Por tanto, aunque ha admitido --a preguntas de los periodistas-- que desconoce cuándo habrá gobierno, ha dado por hecho que sí habrá una "nueva" reforma local.

Comisión de análisis

En cuanto a la comisión para fijar la postura propia de Galicia en la futura normativa que rija sobre las haciendas locales, además de un representante por cada uno de los cuatro grupos políticos (PSOE, PP, BNG y Mareas), participarán cuatro técnicos de la Fegamp y seis expertos.

Se trata del expresidente del Consello de Contas Antonio López; el secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende; el interventor de la Diputación de A Coruña, José Manuel Pardellas; la secretaria de Vigo, María Concepción Campos; la interventora de Cervo, Maite Buján; y el profesor de Derecho Administrativo de la USC Xavier Ferreira.