Los alcaldes gallegos de todos los colores políticos harán frente común para mejorar la financiación municipal. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) acordó ayer crear una comisión que elabore una propuesta de reforma de la ley que regula las haciendas locales.

Los regidores se quejan de que el actual modelo de financiación local "discrimina" a los ayuntamientos gallegos puesto que los sitúa a la cola del Estado en cuando a recursos por habitante.

El objetivo de esta comisión es estudiar las necesidades de financiación de las corporaciones locales gallegas para presentar una propuesta conjunta de la Fegamp cuando el Gobierno central decida reformar la Ley de Bases de Régimen Local. El presidente de la Federación Galega de Municipios, Alfredo García, cree que tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de la reforma local, se va a acelerar la elaboración de una nueva normativa.

La comisión creada por la Fegamp presentará su propuesta en el primer semestre de este año. Este grupo de trabajo estará integrado por cuatro alcaldes, otros cuatro técnicos que trabajan para la Federación Galega de Municipios y seis expertos en la materia.

Según el presidente de la Fegamp, los expertos trabajará con "la máxima libertad" para que se pueda redactar "el mejor documento posible" de conclusiones. El objetivo es buscar "un punto de encuentro" entre la visión de los técnicos y los teóricos y la de los alcaldes, que conocen "el alcance de la problemática de sus vecinos".

Y es que, como recalcó el también primer edil de O Barco de Valdeorras (Ourense), los alcaldes "no" tienen "problemas" debido a la falta de fondos, sino que "los tienen los vecinos" que se ven afectados por la falta de servicios o las deficiencias en su prestación.

Los regidores defienden la necesidad de modificar los criterios de reparto de la participación en los ingresos del Estado y también la participación en los tributos de la comunidad autónoma. En su opinión, debe tenerse en cuenta tanto la dispersión poblacional como el envejecimiento de la comunidad gallega y los costes que suponen estos condicionantes en la prestación de servicios.