Año y medio llevaba abierto el caso que investigaba un supuesto trato de favor a promotores de Ourense, por el hecho de que entre 1999 y 2002 se permitiera desde el Concello el aprovechamiento del 100% de suelo en sus proyectos privados. Tres días después de que el exalcalde Manuel Cabezas (PP) acudiera a declarar en calidad de investigado, negando irregularidades, el juez declara la prescripción. El exalcalde estaba bajo el foco de un juez por primera vez, nueve años después de abandonar el cargo.
El magistrado concluye ahora que ya habrían prescrito los hechos denunciados: "En todo caso nos encontraríamos ante un delito de prevaricación", castigado según la ley anterior -la aplicable- con pena de 7 a 10 años de inhabilitación, "y que por lo tanto prescribe a los 10 años".
La denuncia del conocido como caso del 10% fue presentada por la exconcejal de Urbanismo, Áurea Soto (PSOE), en septiembre de 2014, en un contraataque a la sucesión de asuntos judicializados, desde la oposición municipal, por Democracia Ourensana y el PP. Soto acusó a los gobiernos de Cabezas de "regalar" suelo por no haber exigido, en ese periodo, la cesión de al menos el 10% del aprovechamiento correspondiente a cada polígono o unidad de actuación de los promotores.
