La Xunta estudia recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que anula la prórroga en las concesiones para el transporte de viajeros en Galicia. Así se lo trasladó ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a los representantes del Comité Galego de Transportes por Estrada, a quienes además dio garantías de que se va a mantener el funcionamiento de este servicio público, a pesar del fallo judicial.
La conselleira explicó que los servicios jurídicos de la Administración autonómica "analizan en detalle el alcance de la sentencia" del Tribunal Supremo contra la prórroga de la concesión de 129 licencias de transporte y barajan la "posibilidad de continuar las actuaciones en el ámbito judicial, con el fin de defender la autonomía legislativa de la comunidad gallega".
En el encuentro también han estado, además de empresarios del transporte, el secretario xeral técnico de su departamento, Joaquín Macho, y la directora xeral de Mobilidade, Helena de Lucas.
Por la parte empresarial, estuvieron representantes de las asociaciones Transgacar, Anetra, Fegabus y Fegatravi, según informó la Consellería de Infraestruturas e Vivenda.
La conselleira hizo hincapié en que el Gobierno gallego "asegurará el normal funcionamiento del servicio público de transporte interurbano", después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que anula la resolución de la Dirección Xeral de Mobilidad del año 2010 por la que se prorrogaban las concesiones en vigor por un periodo de 10 años. Esta sentencia anuló la dictada en 2012 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La Xunta reivindicó que la prórroga de las concesiones de transporte interurbano, asociadas al plan de modernización del sector, "establecieron un marco normativo consensuado con el sector que permitió dar estabilidad y mejoras sociales". En Galicia, este sector emplea a 5.000 trabajadores en Galicia.
Asimismo, el Gobierno gallego defendió que la solución adoptada por el Ejecutivo "está en línea con la seguida por otras 12 comunidades para facilitar la adaptación a la normativa comunitaria de forma vinculada a una mejora en los servicios".
La prórroga a las concesiones vigentes se hizo a cambio de que las empresas de transporte adquirieran determinados compromisos de modernización de la flota, adaptación de los autobuses a las personas con movilidad reducida y a la introducción de mejoras tecnológicas.
