La recaudación de Facenda por inspecciones fiscales se duplica pese a reducir los rastreos

La Xunta reclama 21 millones a 330 particulares y empresas frente a los 9,7 millones del ejercicio anterior - El importe medio de los expedientes de sanción se dispara un 154%

28.03.2016 | 01:47

La Xunta se ha vuelto más eficaz en las inspecciones fiscales que realiza a los contribuyentes de la comunidad, tanto a personas físicas como a empresas. Pese a que la Consellería de Facenda ha reducido el número de actuaciones, la partida que ha conseguido aflorar por el impago de impuestos es mayor: en 2014 llegó a duplicarse con respecto al año anterior.

El número de actas de inspección instruidas en Galicia durante 2014 ascendió a 330, por un importe total de 21,6 millones. En 2013 fueron incoadas 374 por 9,7 millones. Es decir, se ha producido una merma del 11,8% en el número de controles pero se registró un incremento del 121,8% en la cuota tributaria. Si se compara con 2010, las actas alcanzaron las 694, el doble que en 2014, pero la cuantía casi fue la misma que ese año: 22,5 millones. Algo similar sucede si se equipara con el ejercicio de 2012: 722 actas y 24 millones.

Y no solo se ha reducido el número y ha aumentado el importe, sino que la cifra de actas por inspector también ha bajado (33,7 frente a 45,6 de 2013), pero no así su importe (2,2 millones frente a 1,1). El importe medio alcanzado por el total de las actas instruidas en 2014 se situó en 66.000 euros, lo que supone un incremento del 153,9% con respecto a los 26.000 euros que se alcanzaron el año anterior.




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En octubre de 2012 se creó la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), pero no fue hasta enero de 2013 cuando comenzó sus actividades. La puesta en marcha de este organismo ha provocado una profunda remodelación del área de inspección que pasó de estar descentralizada a centralizarse en el Área de Inspección Tributaria. Esta medida ha producido un cambio en el sistema de trabajo y por tanto de los objetivos, que se completó con la introducción de un nuevo sistema informático del plan de inspección. De ahí que la cuantía se haya duplicado con menos intervenciones.

La Atriga cuenta con un Plan de Control Tributario, que aprueba anualmente y que determina las actuaciones que se deben realizar con cada uno de los impuestos que recauda (patrimonio, sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Estas actuaciones se dividen por programas en los que se marcan los objetivos cuantitativos sobre el número e importe de las actas.

El Ministerio de Hacienda es el encargado controlar el cumplimiento de este plan, y pese a la eficacia recaudatoria que ha demostrado la Atriga en 2014, el departamento de Cristóbal Montoro precisa en su informe que "no se ha cumplido en su mayoría". Los objetivos fijan un número de actas a alcanzar y un importe por las mismas. En la comunidad el objetivo de actas se cubrió en un 46% y el de importe, en un 69%, según destaca el ministerio en su auditoría. En cuanto a los importes, A Coruña prácticamente llegó al objetivo marcado pero Pontevedra se quedó alejada.

Pese a todo, el informe reconoce que "los resultados alcanzados permiten formular una valoración positiva de la gestión de la Atriga dado que se superan en la mayoría de indicadores los objetivos cuantitativos establecidos aunque en bastante menor medida por parte del área de inspección".

También afirma que "debe alabarse" el proceso de centralización realizado por la Axencia Tributaria de Galicia tanto a la hora de fijar unas directrices únicas para todas las unidades inspectoras como "por la selección de contribuyentes centralizada" que permite focalizar, de acuerdo con los planes de la Atriga, las actuaciones inspectoras. Por eso y pese a que los expedientes de sanción se han reducido, el rendimiento de las inspecciones ha aumentado, hasta duplicarse con respecto al año anterior.

En 2014 se instruyeron 295 expedientes sancionadores por un importe de 11,1 millones (317 sanciones y 1,7 millones en 2013). La reducción del número de sanciones obedece, según el ministerio, al menor número de actas liquidadas en el ejercicio, y en la dificultad de demostrar la existencia de intencionalidad en el impago de los impuestos.

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