La coalición AGE denunció ayer irregularidades en la concesión a la empresa Indra del proyecto destinado a desarrollar una base para naves no tripuladas o drones en el aeródromo de Rozas, en el municipio lucense de Castro de Rei. El diputado de AGE Ramón Vázquez advirtió de que una de las personas que integraron el comité de selección, Bartolomé Marqués, "tiene un claro conflicto de intereses".

Según Vázquez, Marqués percibe 95.000 euros anuales del Ministerio de Defensa, principal socio de Indra, una de las empresas adjudicatarias junto a Inaer. "Defensa tenía parte en la mesa de selección y en la empresa adjudicataria", comentó el diputado autonómico, y señaló que eso "conculca la ley de competencia del Estado y la ley de contratos públicos", por lo que advirtió de que su formación pretende poner el caso en manos del Tribunal de contratos públicos y al Consello de Contas de Galicia.