La Fiscalía pide dos años de prisión para el exconcejal de Santiago Albino Vázquez

29.03.2016 | 00:59

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación, dos años de prisión y una multa de 12.000 euros para el exconcejal del PP de Santiago Albino Vázquez, acusado de un delito de prevaricación y coacciones a un agente de la Policía Local del Ayuntamiento compostelano cuando era responsable de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA del Ayuntamiento compostelano con Ángel Currás.

A raíz de las escuchas de la operación Pokemon, en la que está imputado y con una fianza de 15.000 euros, la Fiscalía, según el auto al que accedió Europa Press, constató que Vázquez, "conocedor de que carecía de competencias para ello, "dictó un decreto en donde, con la intención claramente de perjudicar" a un agente, "nombra sin justificación alguna, como sustituto" del jefe accidental de la Policía a una persona que "carecía de la categoría necesaria para el desempeño de la función". La vista oral se celebra hoy en los juzgados de Santiago.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que Albino Vázquez, "conocedor de que carecía de competencias para ello, "dictó un decreto en donde, con la intención claramente de perjudicar" al agente José Antonio C.F., "nombra sin justificación alguna, como sustituto" del jefe accidental de la Policía a una persona que "carecía de la categoría necesaria para el desempeño de la función".

La fiscal advierte de que al exedil "ya le constaba" que el policía "se había coordinado, como era práctica habitual" con el jefe accidental de la Policía Local para disfrutar de las vacaciones en julio, por lo que "no había razón alguna para que no fuera nombrado, como siempre había sucedido, sustituto" del mando superior. El Ministerio fiscal apunta que Vázquez se "había puesto de común acuerdo" con la también acusada Mar H.I., que fue nombrada directora del Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana en Santiago. Ambos, dice el escrito, "tramaron un plan para perjudicar e intentar doblegar la voluntad del perjudicado para que, de esta forma, él mismo abandonara su puesto en la Policía Local o pidiera la jubilación anticipada". Para ello, explica la Fiscalía, "dejaron de contar con sus servicios, no le atribuían las funciones que como inspector principal le debían corresponder", llegando a "realizar un continuo seguimiento del perjudicado para comprobar si cometía cualquier tipo de infracción durante el desempeño de su actividad".

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