La reforma de la ley de coordinación de policías locales de Galicia, con la que la Xunta busca adecuarse a "los pronunciamientos judiciales" para la provisión de plazas y en la que se elimina el tope de edad de los 36 años para acceder al cuerpo, ha iniciado este martes su trámite parlamentario después de que AGE y el Grupo Mixto hayan defendido en pleno sendas enmiendas a la totalidad, que han sido rechazadas por el PPdeG y PSdeG --con la abstención del BNG--.

Así, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido el "consenso" de este proyecto de ley, tras diversas reuniones con sindicatos policiales y ayuntamientos, para un texto que "responde a las demandas" de "seguridad jurídica" de los municipios, con mayor "flexibilidad" para la promoción interna y "rigor" en los procesos de acceso libre, además de mejoras en las posibilidades de movilidad y "más facilidades" para la permanencia en activo.

Sobre este extremo, Rueda ha señalado que este cambio en la normativa "es necesario", si bien considera que tiene un carácter "limitado" con el fin de adecuarse a las sentencias que eliminan un tope de edad para acceder a estos cuerpos, a la vez que persigue el "objetivo fundamental" de garantizar la cobertura de las plazas necesarias en los municipios.

Aunque solo AGE y el Grupo Mixto han presentado enmiendas de devolución, todos los grupos de la oposición han coincidido en la necesidad de realizar modificaciones en este proyecto de ley a lo largo de su tramitación para que se garanticen plantillas de policías locales suficientes, ya que identifican "déficit" en el número de efectivos al estar "infradotadas", con una cifra de agentes "ridícula" en algunos casos.

Promoción interna

Según ha expuesto Rueda en su intervención en el pleno del Parlamento gallego, en esta modificación se introducen novedades para "flexibilizar" las convocatorias de promoción interna, que "estaban atascadas en muchos ayuntamientos".

En la actualidad, para la promoción interna los ayuntamientos solo pueden optar por el personal de la policía local de su propio municipio --que tiene que estar en la categoría inmediatamente inferior y con tres años de antigüedad--, o acudir a policías locales de otros ayuntamientos --pero tienen que estar en la categoría de la plaza que se quiere cubrir--, lo "cual provocaba muchas dificultades".

Con este proyecto de ley se podrá buscar esa promoción en el personal del propio ayuntamiento, pero de dos categorías inferiores, así como en personal de otros municipios hasta en una categoría inferior. Así, se acudirá primero al método tradicional, pero "si no fuera posible" se abren estas dos nuevas vías.

También habrá modificaciones en la regulación para facilitar las permutas entre agentes de ayuntamientos diferentes. Además, se acabará con el requisito "farragoso" para el pase a la segunda actividad de la necesidad de un informe de un tribunal médico, por lo solo se precisará un informe del médico de cabecera que sea favorable.

Junto a esto, Alfonso Rueda ha explicado que se acotan los criterios para obligar a una jubilación forzosa, de manera que "se matiza" que solo será forzosa en caso de incapacidades permanentes absolutas. Y también que se adapta el régimen disciplinario al marco estatal.

Todo ello, según indica el vicepresidente de la Xunta, para alcanzar una "solución" a los problemas de los policías locales, para que sean cuerpos "más flexibles y más efectivos", en un momento en el que Galicia se encuentra como la "cuarta comunidad autónoma" más segura de toda España.

AGE y Grupo Mixto piden la devolución del texto

Durante el debate tanto AGE como el Grupo Mixto han defendido sendas enmiendas a la totalidad para pedir la devolución del texto. Al respecto, el diputado de Alternativa Xabier Ron ha lamentado que el proyecto de ley "llega tarde" y de "forma electoralista", el cual no incide en la "profesionalización" de los cuerpos para evitar "vicios pasados" del uso "partidista", "caciquil" y "clientelar" de la Policía Local.

Xabier Ron critica "taras" como el "vacío de recursos humanos y materiales" en "toda Galicia", con "déficit de plantilla" en todas las grandes ciudades e incumplimiento de ratios en el resto de municipios. A esto se une que "se niegue el derecho a huelga" por ser sancionado como falta muy grave; la reducción de la convocatoria de la comisión de coordinación de cuatro a dos ocasiones al año; junto a una diferenciación salarial que puede llegar a 800 euros al mes, aunque sean las mismas condiciones de antigüedad y servicios.

También ha pedido la devolución de esta reforma el Grupo Mixto a través de su diputada Mónica Fernández, quien ha censurado que este proyecto de ley "apenas actualiza la legislación vigente", al tiempo que tacha de "reformitas" los cambios introducidos.

En esta línea, Mónica Fernández ha reprochado que el texto no aborda un "plan de choque" para cambiar la plantilla, que "es un 40% inferior" a lo que marca la UE y la Xunta. Sobre esta cuestión, ve un "gran déficit", ya que de los 2.500 agentes existentes se debería pasar "a 4.200". De hecho, advierte de que en 10 ayuntamientos solo existe un policía.

Posición de resto de grupos

Por su parte, Marisol Soneira (PSdeG) ha remarcado que, aunque su grupo vota en contra a la enmienda a la totalidad de un texto que originalmente impulsó y aprobó el gobierno bipartito en 2007, considera que a lo largo del trámite parlamentario se deben realizar cambios "de sentido común" para que haya "compromisos presupuestarios mayores", así como para mejorar la labor de inspección y fiscalización de la Xunta.

Asimismo, Tereixa Paz (BNG) ha señalado que ve "problemas de fondo muy importantes", que "tiene que ver con la financiación de los ayuntamientos", que son "maltratados" por el Estado al recibir un 30% menos de fondos que la media en España. Una cuestión que identifica con "numerosas taras" como cuerpos "infradotados" o niveles salariales muy diferentes.

Por ello, Paz define este cambio normativo como un "proyecto de la factoría Rueda" que, según dice, quiere "evidenciar" muchos cambios, pero que son "bastante menores". Con todo, explica que no se opone a la reforma debido a las modificaciones que fijan los tribunales y por el momento de la legislatura en la que no daría tiempo a una devolución para comenzar con otro texto.

En cambio, Miguel Tellado (PP) ha defendido una reforma "perfectamente consensuada" y "garantista" para la promoción interna, que cree "fundamental" para cubrir las "plazas necesarias" de agentes, con una "repercusión muy positiva en la gestión de personal".