La financiación de los ayuntamientos gallegos está un 29% por debajo de la media nacional, contando tanto la recaudación derivada de los impuestos propios como las transferencias procedentes de otras administraciones. Así, mientras que los concellos gallegos, de acuerdo con los datos de liquidación presupuestaria del año 2014, cuentan con unos ingresos por habitante de 794 euros, en el conjunto del Estado ascienden a 1.116 euros. La diferencia, por tanto, es de 322 euros per cápita. Esta es una de las conclusiones del informe sobre la fiscalidad local en Galicia elaborado por la Red Localis, un equipo de investigación formado por profesores de las tres universidades y profesionales del ámbito municipal.

Esta "anemia" financiera, en palabras del catedrático de Derecho Financiero y Tributario y uno de los autores del estudio, Antonio López Díaz, tiene además otra consideración negativa. Y es que los municipios gallegos con un volumen de recursos menor tienen que atender unos servicios que resultan "especialmente costosos por el simple efecto de la dispersión poblacional".

Una de las razones del raquitismo financiero municipal es achacable a los propios concellos, dado que presentan una "muy baja presión fiscal", de las más reducidas de España. Mientras que de media en el conjunto del Estado la recaudación por tributos propios y tasas asciende a 628 euros por habitante, en Galicia se queda en los 432. El resto de los ingresos, hasta completar los 794 o los 1.116, corresponde a las transferencias de otras administraciones, siendo el Gobierno central la principal aportadora.

De todas formas, el comportamiento de los ayuntamientos gallegos resulta muy desigual. Mientras que en las siete ciudades la presión fiscal (nivel de recaudación per cápita) es similar a la media nacional, en el resto se está muy por debajo de la dinámica general. A los investigadores de la Red Localis les llama especialmente la atención la conducta de los 15 ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes que hay en Galicia (Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ribeira, Cangas, A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, Redondela y Vilagarcía), pues presentando unas estructuras de gasto similares al de las ciudades, su presión fiscal, sin embargo, es equiparable a la de los concellos más pequeños, lo que deriva en una "situación financiera preocupante", a juicio de la Red Localis.

Esta pauta, según Antonio López Díaz, hace "saltar ciertas alarmas" porque este comportamiento "no es sostenible a largo plazo". La solución, tanto para estos concellos como para el resto con ingresos "anémicos" pasa por reducir el nivel de servicios o aumentar la presión fiscal mediante la subida de impuestos, la lucha contra el fraude, realizar el cobro efectivo de todos los recibos o reducir las exenciones.

Si bien los expertos consideran bajo el nivel de endeudamiento y "aceptable" los resultados de la gestión recaudatoria, la normativa tributaria del municipalismo gallego sí que resulta "excesivamente compleja", con gran profusión de ordenanzas fiscales. La palma se la lleva Ferrol, con 47, seguida de A Coruña con 44. Una consecuencia de esta situación es que nada menos que el 40% de los recibos que giran los ayuntamientos no superan los 30 euros de importe, lo que además generar sobrecostes de gestión hace difícilmente viable su ejecución en los casos de impago.

El interventor de administración local y otro de los autores del informe, Miguel Ángel Santirso, abogó porque los concellos mantengan o incrementen los niveles de recaudación para garantizar su financiación, dado que las transferencias de otras administraciones no van a mejorar a corto plazo. Por ello, Red Localis censura que en época de bonanza los ayuntamientos emprendan una carrera de rebajas fiscales o exenciones.

Entre su propuestas para mejorar las cuentas de los concellos, Red Localis propone actualizar las ponencias de valores del IBI, limitar la gestión de recibos a los que compensen los gastos o ajustar los precios de las tasas al coste real de los servicios que se prestan.