El desequilibrio presupuestario de las comunidades ronda los 18.000 millones. A la cabeza figuran Castilla-La Mancha, con un 1,67%, Aragón (2,13%), Comunidad Valenciana (2,51%), Murcia (2,52%), Extremadura (2,64%) y Cataluña (2,7%). El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, no ahorró críticas para exprimir al máximo la teoría de culpables con la que se sentó a hacer balance.

"Los que no han cumplido tendrán sus razones, pero se podía cumplir", señaló, en referencia a las tres que lo hicieron. "Nos hemos ido del objetivo, tenemos una causa -reiteró- y tenemos que encontrar los responsables de esa desviación". A Cataluña y Valencia, que suman el 45% del déficit de las comunidades, les exige "rigor". El ministro afiló los dientes especialmente con los nuevos ejecutivos regionales fruto de coaliciones, "gobiernos de consenso que parece que no sirven más que para hacer anuncios de gasto, eso es perjudicar a la recuperación económica".

Por lo pronto, Hacienda desempolva la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las comunidades. Algo inédito en los cuatro años que van desde su creación y que fue, su no aplicación, una de las quejas recientes de la Comisión_Europea. A las incumplidoras, según Montoro, se les aplicará el "acuerdo de no disponibilidad de gasto" para que todo aumento que tengan de ingresos por financiación no pueda usarse para compromisos nuevos. Eso, y un mayor control, previo a posibles multas.

La Administración central registró un déficit del 2,76%. El techo era del 2,9%. Los ayuntamientos lograron de nuevo superávit, del 0,44%. Y el otro gran desajuste estuvo en la Seguridad Social: un 1,26%, frente al límite del 0,6%.

Montoro lo achacó a la "voluntad política" de no congelar ni recortar las pensiones, pese a las insistentes preguntas sobre por qué se inflaron las previsiones de ingresos y el efecto que tiene en las cotizaciones sociales la devaluación salarial.