La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, evitó ayer avanzar si se postulará como candidata a la presidencia de la Xunta en las primarias que su formación activará a partir del Consello Nacional del sábado para concurrir a las elecciones de octubre. Reiteró la diputada que será la "militancia" quien decida, si bien en el seno frentista se da como probable su candidatura, máxime después de que la última asamblea eliminase el veto de que el líder orgánico fuese también cartel electoral.

La dirigente, sin embargo, pidió centrar el foco en "derrotar las políticas del PP" para "devolver la esperanza a los gallegos que peor lo están pasando". "Hay que fortalecer una alternativa para todas aquellas personas que están sufriendo los efectos de la crisis y que creen que Galicia necesita recuperar el protagonismo y ser dueña de su propio futuro", indicó. El BNG impulsará un proceso que buscará aliados nacionalistas para la cita electoral. Además, trabaja con la hipótesis de un posible adelanto de los comicios al 26 de junio si se repiten las generales, en caso de que no haya acuerdo de gobierno.

Por otro lado, Pontón anunció ayer que remitirá una carta a todos los diputados gallegos en el Congreso y a los diferentes responsables políticos, incluido el presidente de la Xunta, para intentar que el debate sobre la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) se celebre antes de que concluya este período de sesiones. "No se puede esperar dos o tres años", indicó sobre una petición unánime de la Cámara gallega.

A pesar de que el Gobierno se encuentra en funciones, Pontón considera que puede tramitarse la petición. "Lo que no es momento es de que los gallegos sigan pagando unos peajes absolutamente abusivos que convierten la AP-9 en un artículo de lujo", respondió.

Según su criterio, de lograrse el traspaso de la autopista, tocaría "revisar a la baja" unos peajes que "se incrementaron de forma desorbitada en los últimos años". El aumento alcanza "el 50%" desde el año 2003 y "el 25%" durante la crisis económica, lamentó tras tachar de "saqueo" la prórroga de su concesión por parte del Ejecutivo de José María Aznar.